En respuesta a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso la conformación de un equipo profesional para la “valoración integral” y el traslado a un centro médico de la niña de Yapacaní afectada por un embarazo forzado.
A través de una resolución de la Sala Constitucional Primera, a la que accedió La Razón, y notificada al Ministerio de Salud y a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, Santa Cruz, la concesión “en parte” de la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo.
Dicha sala dispone que “en el día”, por el martes 2 de noviembre, el Ministerio de Salud y la Defensoría de la Niñez de Yapacaní deben organizar un equipo médico “del más alto nivel” para una “valoración integral de la menor” para que en un plazo de “24 horas se emita un criterio científico correcto y de las mejores características y sea puesta a conocimiento de quienes deban dar el consentimiento informado”.
Sin embargo, en medio de esas consideraciones, la Sala Constitucional Primera aclaró que “desde luego, esta sala no puede pronunciarse respecto a que prosiga o no la interrupción legal del embarazo, esa es una arbitrariedad, pero si va a disponer que se genere el informe médico a partir de la conformación de la comisión”.
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En un segundo punto, dicho tribunal pide que el Ministerio de Salud le haga saber, a través de una carta, dónde —en coordinación con la Defensoría del Pueblo— debe ser derivada la menor “a partir de este momento”. “En lo posible debe ser un centro médico por el temor fundado que tiene esta sala respecto a la situación de la menor, para que sea trasladada, tratada, evaluada y resguardada de la forma técnica más aconsejable respecto a un menor”. advierte.
La semana pasada, la Maternidad Percy Boland de Santa Cruz, donde fue derivada la niña para una eventual interrupción legal del embarazo, dispuso el alta médica de la menor a instancias de la Arquidiócesis de Santa Cruz, que había convencido a la madre a suspender el procedimiento, con la oferta de acogida y ayuda económica y social.
La decisión causó controversia en el país, al punto de ser cuestionado el Estado debido a su posible inacción en el caso. La Defensoría del Pueblo interpuso un recurso judicial para resguardar los derechos de la niña y en esa línea denunció ante el tribunal al responsable de la Niñez de Yapacaní; a la responsable de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, Verónica Hurtado, y al director de la Maternidad Percy Boland, Mario Herbas.
La sala constitucional también repudió “en todos sus términos el manejo dispendioso, arbitrario, discrecional, ilógico e irracional de este caso, que es fundamentalmente responsabilidad de las defensorías de la Niñez y la Adolescencia, del hospital e inclusive de la Defensoría del Pueblo”.
La niña, de 11 años y bajo 22 semanas de embarazo forzado, fue víctima de violación de parte del padre de su padrastro ahora encarcelado en Montero.
La Iglesia Católica, que consideró a la víctima “niña madre”, se opone a la interrupción de su gravidez con el alegato de que un “crimen no puede ser la solución con otro crimen”.
