El vocero de los familiares de víctimas y heridos de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), David Inca, afirmó este viernes que la expresidenta Jeanine Áñez debe ser responsabilizada de las 22 muertes ocurridas bajo su mandato y que debe pagar con la cárcel, pero “sin chanchullo”.
“Las masacres se han dado entre el 15 y 19 de noviembre, así se refiere en el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), las personas que firman la proposición acusatoria (del Gobierno contra Áñez) son familiares de fallecidos y heridos del 11 y 12 de noviembre, pero Áñez se proclamó el 12 (de noviembre) a las 18.00, nos tienen que aclarar si estas personas del 11 y 12 no van a afectar en la acusación de fondo. Nosotros queremos verla a Áñez en la cárcel, sancionada, pero en derecho, no en chanchullo”, afirmó a La Razón Radio.
Inca indicó que la proposición acusatoria que se presentó a la Asamblea Legislativa en agosto, fue firmada por familiares de 15 fallecidos durante la crisis poselectoral de 2019 , pero algunos no pertenecen a la era de cuando Áñez fungía como presidenta interina, es decir, no son muertes que están bajo su responsabilidad.
“Lo político cuando se mete en Justicia lo friega todo y la proposición acusatoria (del Gobierno) ha sido inconsulta con las víctimas, nos han metido en el bolso y ahora nos tienen que explicar por qué, ¿quién ha sido el inteligente?”, se preguntó.
Esta pregunta será respondida en la reunión que este viernes llevarán a cabo las víctimas con el Gobierno, en la federación de mineros, en El Prado de La Paz, donde también se les explicará el plan de reparación integral y el decreto para que puedan acceder a créditos bancarios.
Sin embargo, Inca aseguró que Áñez, su gabinete ministerial y el alto mando policial y militar durante su gobierno son responsables de la promulgación del Decreto Supremo 4078 que eximía de responsabilidad penal a las fuerzas conjuntas en operaciones que buscaban “restablecer el orden” y “la pacificación del país”.
Bajo estas operaciones policiales y militares, 20 personas perdieron la vida en Sacaba y Senkata. El 15 de noviembre de 2019, las fuerzas del orden cerraron el paso a una columna de cocaleros que se dirigía a la ciudad de Cochabamba a mostrar su apoyo a Evo Morales, a la altura del puente Huayllani, en Sacaba, hubo disparos y una decena de personas perdió la vida.
El 19 de noviembre de 2019, pobladores de El Alto bloquearon la salida de carburantes de la planta de Senkata como una forma de protesta ante el nuevo gobierno. En las tareas de restablecimiento de la circulación vial y el traslado de hidrocarburos, también hubo balas. Otros 10 civiles fallecieron.
“Hay 22 personas fallecidas producto de la intervención estatal (en el gobierno de Áñez), en el gobierno de Evo Morales han fallecido 15 personas, pero la diferencia es que no ha participado el Estado, pero políticamente le echan la culpa a Áñez de 37 muertos y hay una desproporción política”, añadió el activista.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia entre septiembre y diciembre de, 2019 determinó que los hechos de Sacaba y Senkata fueron masacres, que hubo uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
