La lectura de la sentencia contra Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, detenido en Florida, Estados Unidos y acusado de lavado de dinero y sobornos, se difirió hasta el 8 de diciembre, un mes más de lo previsto en primera instancia.
Murillo se encuentra arrestado en suelo estadounidense por un caso que lo involucra en la compra irregular de gases lacrimógenos para Bolivia durante el mandato de Áñez. Utilizó el sistema bancario de esa nación para mover el dinero producto de los ilícitos.
En meses pasados, los cómplices de la exautoridad, Sergio Rodrigo Méndez (su exjefe de gabinete), Luis y Bryan Berkman, y Philip Lichtenfeld (de la intermediaria Bravo Tactical Solutions) se declararon culpables de los cargos que pesan en su contra y el 13 de diciembre, la justicia norteamericana dictará sentencia contra ellos.
La audiencia se viene postergando desde octubre, y aunque el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó que noviembre sería el “último diferimiento” que la defensa de Murillo lograría, ésta consiguió un nuevo retraso.
Según investigaciones, la compra de gases lacrimógenos, a través de la empresa intermediaria, demandó al Estado Plurinacional $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.
