En una evaluación de la primera jornada de paro, el Gobierno confirmó el arresto de 120 personas vinculadas a los bloqueos y destacó los operativos policiales de desbloqueo para garantizar el libre tránsito. También anunció que la Policía “está firme” en los nueve departamentos para garantizar el derecho a la libre circulación frente a la continuidad de las protestas.
La evaluación la hizo el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, desde Cochabamba, una de las regiones con mayores incidentes por los bloqueos. Aseguró que la “economía no se ha paralizado”.
“La población es muy sabia, pero penosamente quienes están obstaculizando su economía no pueden afectar la economía de terceros”, consideró e insistió en evaluar que la “economía no se ha paralizado en Bolivia, las actividades están garantizadas”.
En Santa Cruz y Cochabamba hubo mayor número de puntos de bloqueo en esta primera jornada de protesta. En el Plan 3000 de Santa Cruz hubo enfrentamientos hasta horas de la noche entre bloqueadores y personas opuestas a la extrema medida de presión, lo que derivó en una intervención policial.
“Si ellos mantienen sus medidas de presión nuestra Policía está firme en los nueve departamentos para poder efectivizar las garantías constitucionales y la libre transitabilidad. Tener siempre alerta en todos los puntos desplazados para que no se produzcan los bloqueos”, anunció en una conferencia de prensa.
Cox explicó que hubo “actitudes beligerantes” en algunas zonas de conflicto, principalmente en Santa Cruz, y aseguró que la Policía actuó en el marco de protocolos internacionales de respeto a la legalidad, necesidad y proporcionalidad.
“Vamos a precautelar la seguridad pública, un bien mayor, en función a eso tienen que deponer actitudes beligerantes”, reflexionó y confirmó que fue detenido en Cochabamba un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).
El bloque de oposición política-cívica se sumó al paro convocado por los gremiales liderados por Francisco Figueroa en contra de la ley de estrategia de lucha contra el lavado de dinero. Los cívicos también exigen el cese de la “persecución política” y la libertad de “presos políticos”, entre ellos de la expresidenta Jeanine Áñez.
Ante la denuncia de actuación de grupos de choque en Santa Cruz, Cox demandó hacer la denuncia para la investigación correspondiente.
El presidente cívico cruceño Rómulo Calvo anunció que la extrema medida de presión continuará.
