El Tribunal Supremo del Estado de Oklahoma anuló este martes la decisión de hacer pagar a la farmacéutica Johnson & Johnson $us 465 millones por su papel en la crisis de los opiáceos.
Un juez había condenado en 2019 a la empresa a pagar esta suma para financiar durante un año programas destinados a remediar la crisis de adicciones, que causó más de medio millón de muertos en 20 años en Estados Unidos.
El tribunal basó su fallo en la ley contra los perjuicios públicos, al estimar que la empresa había adoptado prácticas «engañosas de marketing y promoción de opiáceos».
Fue el primer juicio civil contra un laboratorio de Estados Unidos relacionado con los opiáceos.
El Estado reclamaba inicialmente $us 17.000 millones de indemnización correspondientes a 20 años de financiación de estos programas.
La empresa recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo de Oklahoma estimó que el juez no debería haberse basado en la ley de perjuicios públicos para condenar las prácticas de fabricación, marketing y ventas de J&J e invalidó la decisión.
J&J, al igual que otras farmacéuticas como Purdue, que fabricaban OxyContin, y grandes distribuidores estadounidenses de medicamentos, están acusados de haber realizado, a partir de 1996, una promoción excesiva de sus medicamentos contra el dolor, provocando una crisis de dependencia que está en el origen de una explosión de sobredosis.
Los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, así como J&J, aceptaron a fines de julio pagar $us 26.000 millones para saldar miles de litigios relacionados con la crisis de los opiáceos.
El laboratorio confirmó en junio haber suspendido la producción y venta de estas substancias.
Por su parte, el laboratorio Purdue se declaró en quiebra y aceptó pagar 4.500 millones de dólares a las víctimas e instituciones afectadas a cambio de cierta inmunidad, a nivel civil, para sus propietarios, la familia Sackler. Este proceso sigue su curso.
