Un cabildo realizado este miércoles en la ciudad de Potosí, a convocatoria del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó, entre otros puntos, declarar como “persona no grata” al presidente Luis Arce y exigir la renuncia del gobernador de ese departamento, Jhonny Mamani, además de otros funcionarios.
El presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, dijo que se declaró “persona no grata y enemigo de la población potosina” a Arce por supuestamente “ser racista y discriminador al no atender las demandas” de esa región.
La misma suerte corrió el vicepresidente David Choquehuanca, quien también fue declarado «persona no grata» y enemigo de Potosí.
Asimismo, según el dirigente, se resolvió exigir la renuncia del gobernador Mamani, y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marcial Ayali, por presuntamente “financiar y encabezar los enfrentamientos con los campesinos” hasta provocar el deceso de un joven el martes.
Además, se definió exigir la renuncia del comandante departamental de la Policía, Juan Carlos Mercado, por supuestamente no resguardar el orden y “parcializarse” con la gente del Movimiento Al Socialismo (MAS).
También se dio un plazo de 24 horas al Ministerio Público para que, de oficio, inicie un proceso penal en contra del “Gobernador, autor o autores materiales e intelectuales” de la muerte del joven campesino, identificado como Basilio Titi. “De lo contrario, la fiscal Roxana Choque (que también) renuncie a su cargo”, agregó el dirigente cívico en un contacto con Unitel.
Del mismo modo, el cabildo exigió al gobierno de Arce abrogar, en el plazo de 24 horas, la Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, y todo un paquete de leyes que considera “anticonstitucionales y antidemocráticas”.
Por otro lado, se pidió a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional restituir los dos tercios para la aprobación de leyes y eliminar la mayoría simple que “solo es utilizada para aprobar cualquier cosa provechando el rodillo masista”, según el dirigente.
Además, entre otros puntos, se exigió un proceso penal en contra de tres ciudadanos (Tomas A. S., Martin B. y Mario M. S.) de la subcentral Tomás Frías porque supuestamente son quienes llevaron a personas del área rural para confrontar con la población de la ciudad de Potosí “por órdenes del Gobernador y del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental”, añadió Manuel.
Entretanto, continúa el paro indefinido en Potosí. “Aquí no se suspende nada, continuamos con la lucha, porque nuestro país nos necesita, nuestras futuras generaciones nos necesitan; se va a continuar con la lucha porque acá tenemos que lograr la abrogación de estas leyes malditas que está llevando el Gobierno para el sometimiento”, apuntó.
