En respuesta a los conflictos que se radicalizan en contra del Gobierno, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca coincidieron en advertir, en una ampliado de campesinos de las 20 provincias de La Paz, que no se permitirá se repita lo ocurrido en 2019, cuando se provocó la renuncia de Evo Morales, y llamaron a los sectores sociales a defender el gobierno ganado en las urnas.
“Poco a poco hermanos, aquí hay que organizarnos, nosotros no vamos a permitir, como ustedes mismo lo han dicho, que otra vez pase como en 2019, y no solamente es acá en La Paz, es en los nueve departamentos donde nuestros hermanos están decididos a que hay que defender nuestro proceso porque les hemos ganado en las urnas, en la cancha, ellos lo que no han ganado en las urnas quieren ganarnos con sus movilizaciones, pagando a la gente”, advirtió Arce.
La posición fue expresada en un ampliado de las 20 provincias del departamento de La Paz y en medio de un ambiente de conflictividad que ya se cobró la vida de un campesino en Potosí en los enfrentamientos con los cívicos. Los mayores hechos de violencia se dieron en Santa Cruz, Potosí y Tarija entre quienes apoyan el paro nacional y los que lo rechazan, los que fueron vinculados al oficialismo por la oposición.
En Santa Cruz se cumple el paro con mayor efectividad. El bloque de oposición política-cívica se sumó a la demanda de los gremiales de anulación de la ley de estrategia de lucha contra el lavado de dinero, pero, además, añadieron otras exigencias como la libertad de los “presos políticos”, el cese de la “persecución política” y ahora la restitución de los 2/3 en el Legislativo para todas las decisiones.
“Quieren desestabilizarnos, quieren confundirnos. Tenemos que mostrarnos, somos nosotros los que hemos elegido a nuestro hermano Luis Arce como nuestro presidente y tenemos que hacer respetar”, demandó Choquehuanca, quien es oriundo de Huarina, provincia Omasuyus.
El dirigente cívico cruceño Rómulo Calvo aseguró en reiteradas ocasiones que esta “es la “última oportunidad” de garantizar la democracia o que “puede ser nuestro último round de los bolivianos”, para arengar a las protestas. El martes, los sectores movilizados pedían un cabildo para tomar nuevas acciones de protesta.
Para Arce, los sectores movilizados solo utilizan como un pretexto el rechazo o apoyo a los gremiales, porque en la eventualidad de acceder a la demanda sobre la ley contra el lavado de dinero buscarán nuevos motivos para arremeter contra el gobierno porque temen el avance de los procesos por las masacres en 2019.
“Lo que a ellos les preocupa es que avancen sus juicios, pese a que nuestra justicia es lenta. Alguien ha dado la orden para que los militares disparen contra nuestros hermanos y por la espalda, ellos son y tienen que asumir”, sostuvo Arce en alusión a las masacres en Sacaba y Senkata, donde una veintena de personas que marchaban en apoyo a Morales perdieron la vida por impactos de bala.
Una investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) calificó lo ocurrido en Senkata y Sacaba de masacre y exigió su esclarecimiento. La expresidenta Jeanine Áñez se encuentra encarcelada por el caso Golpe de Estado.
Gremiales y los sectores de oposición están en un paro indefinido.
En 2019, un paro cívico y de plataformas, sumado a un motín policial y a la “sugerencia” militar de dimisión, acabó con la dimisión de Morales.
“Los vamos a necesitar”, les dijo Arce a los dirigentes campesinos de las 20 provincias de La Paz.
