El presidente chileno, Sebastián Piñera, afirmó este miércoles que el juicio político para destituirlo aprobado en la Cámara de Diputados está basado en «hechos falsos», y espera que sea desechado en el Senado que decidirá el futuro del mandatario la próxima semana.
La Cámara de Diputados aprobó el martes un juicio político contra Piñera por su supuesta vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, en una operación revelada en los Papeles de Pandora.
Ahora será el turno del Senado, que actuará como jurado para decidir si destituye o no al mandatario en una sesión el próximo martes.
«Estamos muy confiados que el próximo martes el Senado, actuando como jurado y analizando en forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación», afirmó a la prensa el mandatario conservador en un acto público en Santiago.
Piñera, de 71 años, sostuvo que la acusación se produce en medio de «un clima enrarecido de la política chilena» y «tiene un claro e injustificado interés electoral» cuando Chile está a 11 días de la elección presidencial del 21 de noviembre próximo.
El mandatario también cuestionó que, en paralelo a la acusación en el Congreso, la Fiscalía abrió una investigación penal por este mismo caso, pese a que en 2017 ya fue indagado por el Ministerio Público.
«Los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la fiscalía, por un juzgado de garantía, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema. En todas esas instancias se decretó que no había ninguna irregularidad, pero además se estableció mi total inocencia», afirmó Piñera, quien sigue en funciones, pero está impedido de salir del país mientras dure el proceso en el Senado.
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares. La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
La operación se haría en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a «que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas».
