El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este domingo que su despacho analiza la posibilidad de iniciar un proceso penal contra el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por el supuesto delito de atentado a la salud pública y cuestionó que pese al anuncio de abrogación de la Ley 1386 “sigue llamando” al bloqueo de la región.
“El paro cívico impulsado por grupos que buscan desestabilizar el país, en medio de una pandemia, solo puede calificarse de una manera: atentado criminal a la salud pública (…). Estamos analizando esa posibilidad (de presentar una demanda) y definitivamente, ante la irresponsabilidad de una persona (Calvo), que además es del ámbito de la salud, y que ahora tiene carrera política (…) que está dañando la salud del pueblo boliviano, estamos analizando esa posibilidad”, afirmó Auza a los periodistas en Sucre.
“Impedir por la fuerza que la gente llegue a un hospital se convierte en un grave atentado a la salud pública que debe ser sancionado como mandan las leyes”, agregó.
Bolivia ingresó en la cuarta ola de contagios de COVID-19 por el incremento de casos positivos de esa enfermedad, de los cuales más del 60% se presenta en el departamento de Santa Cruz, ciudad que parcialmente está bloqueada.
Auza cuestionó que profesionales en salud perjudiquen el acceso a la salud, a las pruebas diagnósticas y la vacunación contra el coronavirus.
Santa Cruz fue el escenario de protestas y bloqueos en demanda de la abrogación de la Ley 1386 desde el lunes 8 de noviembre. Incluso, el sábado ocurrió un enfrentamiento en la zona Plan Tres Mil de esa ciudad, que dejó el saldo de 10 policías heridos y 17 detenidos.
El presidente Luis Arce anunció la noche del sábado la abrogación de la ley en cuestión, acción que no fue aceptada por los cívicos liderados Calvo, quien afirmó que las movilizaciones continuarán, aunque serán definidas la noche de este domingo.
