Los casos de violencia contra la mujer y menores de edad son noticias de todas las semanas. Según registros de la Fiscalía General del Estado, entre enero y octubre se reportaron 95 casos de feminicidios y 34 infanticidios, es decir, que ocurrió una pérdida humana casi día por medio. La frecuencia de estos casos es alarmante, pero lo más preocupante es que pareciera que la sociedad se ha vuelto indolente y una mayoría permanece indiferente ante el dolor ajeno.
Muchas de estas tragedias pudieron evitarse si la víctima actuaba a tiempo. En algunos casos denunciando a sus agresores o refugiándose en centros de acogida. En otros si la fuerza pública actuaba con mayor eficacia realizando visitas preventivas a víctimas de violencia o identificando posibles feminicidas o infanticidas. Las instituciones públicas, del nivel central y subnacional, tienen su responsabilidad porque en ellas recae la prevención y la atención a víctimas. La falta de una respuesta adecuada desde el Estado también tiene su origen en los presupuestos que se asignan a las entidades, que forman parte de este sistema de protección, donde por ejemplo los municipios asignan menos de 2% para labores de defensoría y servicios legales.
Bolivia ha tenido avances significativos en la última década en leyes que defienden los derechos de la mujer y los niños, como la Ley 348 o la Ley 054, pero parece que el problema no está en promulgar leyes sino en cómo hacerlas cumplir. El sistema de protección contra la violencia a la mujer y la niñez es bastante complejo porque involucra a una gran cantidad de actores institucionales, tanto del nivel central como territorial, pero con una limitada coordinación.
La falta de una estrategia integral de lucha contra la violencia no solo limita el alcance de la ley en términos efectivos, sino que encarece el costo de las intervenciones de forma creciente. Los costos procesales, sumados al gasto fiscal de mantener a un feminicida en la cárcel, que por ley es de 30 años, llegan a ser mucho más onerosos que el gasto que se puede destinar a mejorar el servicio de patrullaje y protección a las mujeres y niños en situación de violencia familiar. Una campaña de prevención es mucho más barata que el costo de atención a una víctima y ésta a su vez es menor que el costo de impartir justicia. Actualmente el presupuesto en prevención a nivel agregado representa solo 8%.
Si las instituciones promotoras de denuncias, las encargadas de la investigación y aquellas destinadas a impartir justicia aprendieran a coordinar mejor, las ganancias en eficiencia serían abrumadoras. Con el mismo presupuesto agregado o incluso uno menor se podría otorgar un mejor servicio de protección. Por tanto, hay potenciales ganancias de eficiencia si los actores aprenden a internalizar mejor sus acciones.
También se requiere establecer una instancia interinstitucional que se encargue de hacer cumplir los planes y políticas implementadas, monitoree los avances de la estrategia, haga seguimiento al cumplimento de los presupuestos, informe sobre los casos de violencia atendidos o las acciones realizadas. Si ya existe, se debería fortalecer más para que cumpla un rol efectivo.
Por otro lado, el recurso humano es crucial para cumplir con la estrategia no solo porque la mayor parte del presupuesto se destina a cubrir sueldos de los servidores públicos, sino porque se advierte que la presencia del Estado es aún insuficiente. Según un estudio que realizó la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, hay un juzgado cada 40.000 habitantes, una fiscalía cada 60.000 y una FELCV cada 133.000, sin considerar que algunas regiones no cuentan con juzgado o no tienen fiscales habilitados para estos casos, lo que debe traducirse en demoras procesales injustas. Se requiere menor rotación de los puestos de trabajo dedicados a esta política, mayor capacitación en la norma y especialización en los servicios, y aumentar el número de agentes en poblaciones pequeñas y distantes.
Unicef Bolivia ha tomado la iniciativa y ha realizado varios estudios en esta temática. Corresponde a la opinión pública una mayor reflexión y empatía, y a nuestras autoridades, particularmente locales, una mayor asignación presupuestaria para atender y prevenir la violencia contra niños y mujeres en el marco de sus autonomías. El nuevo plan de desarrollo incorporó todo un acápite de lucha contra la violencia hacia la mujer. Considerando que es un tema que vincula los niveles central y subnacional, éste podría ser el espacio para un diálogo entre estos actores.
Omar Velasco Portillo es economista.
