La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) por Tarija, Nely Gallo Soruco, advirtió este lunes que la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 se basa en el extractivismo y el endeudamiento de Bolivia y no plantea un modelo económico “sustentable en el futuro”.
“El plan de modelo económico no está nada adecuado a la realidad de Bolivia. Esto se basa totalmente en deuda y extractivismo. Nosotros ya no podemos seguir endeudándonos más y tampoco podemos seguir acabando nuestros recursos naturales sin tener una visión de modelo económico sustentable por sí solo en el fututo”, dijo la senadora opositora en una entrevista con La Razón Radio.
Según la legisladora, la ley en cuestión somete las decisiones de la administración subnacional y universitaria a las necesidades del gobierno central, hecho que califica como “radical centralización de las planificaciones”.
“Dentro de la ley, la obligatoriedad para que los gobiernos subnacionales y las universidades elaboren su planificación de acuerdo con lo que ordena el Gobierno central, le quita la libertad de poder hacer su planificación de acuerdo a sus necesidades particulares, además se vulnera la autonomía (…). Se establece una radical centralización de las planificaciones, todo tiene que ir con visto bueno y con las necesidades del gobierno central”, cuestionó la senadora tarijeña.
Además acusó al Gobierno de pretender el “control absoluto de la sociedad” mediante las leyes que aprueba la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa.
“Esta Ley pone bajo el mandato del centralismo todas las situaciones, no se puede realizar nada sin el permiso del gobierno central (…). Esta ley le interesa al Gobierno para tener el control absoluto de la sociedad”, dijo.
La Ley 1407 es una de las normas cuestionadas en el país, por lo que la Universidad Tomás Frías, de Potosí, y la Universidad Gabriel René Moreno, de Santa Cruz, además de algunas alcaldías, asumieron medidas de presión con marchas en las calles, mientras que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad.
El Gobierno, mediante el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, llamó a los sectores que cuestionan la ley a presentar sus observaciones para un debate legislativo o ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y así evitar perjuicios económicos al país.
“Hay mecanismos legislativos, hay mecanismos de cuestionamiento constitucionales. Si hay una normativa que se considere que está vulnerando las autonomías, sométanla a un test de constitucionalidad, (inicien) demandas de inconstitucionalidad, esos son los mecanismos idóneos de la institucionalidad del Estado”, dijo Cox en una entrevista con la Razón Radio.
