Por presión internacional, el gobierno de Jeanine Áñez instruyó los dos únicos procesos abiertos (en la justicia ordinaria) por las masacres de Sacaba y Senkata (2019). Esa fue la recomendación 13 del informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 2019, a poco más de 20 días de las masacres. El país seguía convulsionado y esa investigación de la CIDH y la presencia de Jean Arnault, negociador internacional, enviado personal del secretario general de la ONU, António Guterres, demostraban el esfuerzo por reducir la tensión. Las fiscalías de Cochabamba y La Paz abrieron los procesos en los que este año una decena de exjefes militares y policiales fueron “cautelados”. La situación de ambos procesos es un misterio. Están declarados en reserva.
Los familiares y víctimas fueron convocados a declarar y presentar pruebas. Allí dejaron todos sus originales de certificados de nacimiento, forense, médico, etcétera, que piden fiscales, abogados y jueces. Intentaron luego constituirse en parte civil para empujar el carro de la Justicia y se les negó porque “deben demostrar que son víctimas”.
La democracia no abrió un solo juicio por las masacres, pero firmó compromisos. Por ejemplo, plantear, mediante el Ministerio de Justicia, una nueva demanda de juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez que debe ser autorizado por dos tercios de votos que el MAS no tiene y, la oposición legislativa, cuyos jefes participaron activamente en el golpe de Estado de 2019, anunció que no apoyará.
La Justicia en democracia es una caja de sorpresas. Para concretar la nueva demanda de juicio de responsabilidades, el Ministerio de Justicia exige a las víctimas demostrar que son víctimas con documentos originales (que tienen los fiscales de los procesos ordinarios).
La Majestad de la Justicia es complicada para quien la busca. La esposa del asesinado debe presentar certificado de matrimonio o probar que vivió con él más de dos años. Si convivieron menos de 24 meses no puede reclamar nada. Papelitos cantan, y los heridos tienen que presentar facturas de medicinas, atenciones médicas, hospitalización, etc., en un periodo en que ser herido era un estigma. Las por lo menos seis investigaciones nacionales e internacionales, la última del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), confirmaron que en los hospitales eran sometidos a torturas para que confiesen “cuánto te pagó Evo Morales” (para salir a protestar). En las cárceles, a buena parte de los 1.800 detenidos les aplicaron todo el recetario de torturas y también les exigen certificado médico forense. No es nuevo: a las mujeres víctimas de violación durante las dictaduras militares, para incluirlas en los planes de reparación, 30, 40 años después, les exigían certificado forense que pruebe la violación sexual.
Hay una fórmula que nunca falla tras cada masacre: las víctimas están divididas. Hay tres grupos: el que confía en David Inca, de Derechos Humanos de El Alto; el de un Comité Impulsor de Juicios cercano a la exdiputada del MAS Lidia Patty, y otro que confía en el Ministro de Justicia. Cada uno desconfía y habla pestes de los otros dos.
Dos años después las masacres pasaron desapercibidas. En El Alto, la Alcaldía les construye una plaza y un monumento a dos cuadras de donde ocurrió la matanza. Pero la plaza no honrará solo a los de Senkata (11 muertos), sino también a los 64 asesinados en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, a quienes tampoco se ha hecho justicia. Allí, en esa plaza aún sin nombre, se reunió una parte de las víctimas, para compartir una comida comunitaria (apthapi). Apenas restituida la democracia, allí se pintó un mural con la leyenda “Senkata no olvida”. Habría que añadirle: “La justicia y la democracia sí”.
Freddy Morales es periodista.
