El coronel de Ejército Héctor Pérez fue enviado por seis meses a la cárcel de San Pedro con detención preventiva, por haber participado en el operativo de traslado de gases lacrimógenos desde Ecuador hasta Bolivia en noviembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez.
Fue ayudante de órdenes del exministro de Defensa Fernando López, otro de los acusados en este caso. Se lo aprehendió en Cobija, Pando, y el martes fue trasladado a la ciudad de La Paz, para acudir a su audiencia de medidas cautelares.
Según la investigación, el militar fue ayudante de órdenes del exministro de Defensa Fernando López y viajó, junto con un oficial de la Policía, hasta Ecuador para traer el material antidisturbios tramitado como “préstamo” por López y el exministro de Gobierno Arturo Murillo para enfrentar las protestas sociales.
En 2019, durante el gobierno del expresidente Lenin Moreno, Ecuador “prestó”, en plena crisis política y social, a la administración de Áñez 8.449 unidades de armamento no letal, entre ellos proyectiles y granadas. La comandante de la Policía Nacional de Ecuador, general Tannya Varela, confirmó el 18 de junio el préstamo y explicó que es parte de la “cooperación internacional”, por lo que pidió la devolución.
La Fiscalía pidió la detención preventiva debido a riesgos procesales como fuga y obstaculización de la investigación.
El abogado Omar Durán aseguró que apelará la decisión contra su cliente y afirmó que no corresponde sea acusado de tráfico de armas no convencionales.
El artículo 141 del Código Penal establece que cárcel de hasta 30 años por “al que fabricare, ensamblare, transportare, almacenare, comercializare, manipulare o adquiera armas no convencionales, materiales relacionados o sustancias tendientes a la fabricación de las mismas”.
Similar hecho se dio con el gobierno argentino de Mauricio Macri. En 2019, en medio de la crisis política y social, “prestó” material antidisturbios a la administración de Áñez, quien tomó el poder dos días después de la renuncia del expresidente Evo Morales y como consecuencia de negociaciones de actores políticos y cívicos.
López y Murillo también son investigados en este proceso. López se encuentra en Brasil y Murillo fue detenido en Estados Unidos por un hecho de corrupción en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
