Bolivia asiste desde 2005 a un nuevo escenario donde los actores de la política ya no son los partidos, sino las organizaciones sociales, sindicales, territoriales urbanas y rurales, los comités cívicos, empresarios, medios de comunicación, las iglesias evangélicas y católica.
La crisis estatal de comienzos de siglo, su superación vía Asamblea Constituyente, ha transformado sustantivamente los ejes y los sentidos políticos de la organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad, afectando a los beneficiarios del viejo sistema liberal, republicano, colonial y confesional, esto explica los motivos ideológicos de quienes se autoidentifican como oposición.
Tomaremos dos ejemplos que son relevantes en esta coyuntura: democracia y religión. Con la vieja CPE, el alcance de la democracia liberal representativa llegaba solo a la elección de parlamentarios y concejales: los parlamentarios — 130 diputados y 27 senadores—, por disposición constitucional elegían al Presidente y Vicepresidente de la República; los concejales, de entre sus miembros al alcalde. Una cúpula minúscula se arrogaba la soberanía del pueblo para decidir. Los prefectos, desde la fundación de la República hasta 2005, los elegía el Presidente a dedo.
Los púlpitos de las catedrales, desde donde emitían los sermones políticos celestiales los obispos en cada aniversario cívico, eran los guías espirituales del poder, pero además tenían el mandato “constitucional” porque Bolivia se definía como un Estado confesional católico; intervenían en momentos de crisis para salvar no al oprimido, sino al amo estatal de clase que nos gobernaba.
En nombre de esa democracia restringida, de esa religión del viejo poder colonial, que hoy pregonan su lucha por la “libertad y democracia”.
Pero nuestra democracia, la que hoy tenemos, tan satanizada, ¿cómo funciona? El pueblo mediante su voto elige a todas las autoridades ejecutivas y legislativas que nunca eligió, es decir, Presidente, Vicepresidente, gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales. Qué malo es que el pueblo decida, por eso las derechas llaman a recuperar la democracia, pero la elitaria.
Nuestra Constitución dice que somos un Estado laico, que reconoce y respeta la libertad de religión y creencias espirituales, que se terminó el monopolio de nobleza eclesial de la Conferencia Episcopal Boliviana, por eso proclamaron en el golpe que Dios disfrazado de Jeanine y Camacho volvía a ingresar al Palacio, ingresaron a ese histórico epicentro del poder oligárquico neocolonial confesional para desatar la masacre y persecución de los profanos que solo enarbolaban la wiphala.
Lo nacional popular que se manifestó democráticamente en las elecciones para elegir a sus autoridades, fue condenado por los feligreses de las iglesias que no están inspirados en la fe del Mesías, fueron a las puertas de los cuarteles para arrodillarse, orar y pedir a los militares que impidan que los que fueron electos por los plebeyos vuelvan a gobernar, porque no nos consideran dignos de sus plegarias.
Las transformaciones constitucionales emergieron desde lo nacional popular, no fue ninguna concesión estatal, no vulnera derechos sino privilegios de una élite; hoy se sienten afectados, asumen como banderas suyas eslóganes genéricos que en el fondo están reivindicando lo anacrónico como sinónimo de “libertad y democracia”.
Pero los comités cívicos que pregonan la lucha por la libertad y la democracia no emergen de la democracia popular, sino de la democracia censitaria que es corporativa, empresarial y gremial, es decir que son elegidos por votos calificados y selectivos; la legitimidad surge de los acuerdos grupales y no así de la voluntad popular.
Los abanderados de la democracia censitaria, envueltos en las bendiciones celestiales de la nobleza, bloquean nuestro presente, proclaman la buena nueva con la represión a los habitantes del Plan Tres Mil en Santa Cruz, o golpeando y expulsando a los campesinos del centro urbano de la ciudad de Potosí, de la plaza 10 de Noviembre.
A nombre de su libertad y democracia han normalizado en su cotidianidad acciones de violencia simbólica, discursiva, religiosa y racial, como la única forma pública de aparentar acciones políticas de oposición, forzando y creando un clima constante de inestabilidad política; su estrategia es crear caos, anarquía, en el imaginario urbano imponer la idea falsa de ausencia de gobierno, es decir, su proyecto es la destrucción para presentarse en los momentos electorales como los paladines de la democracia y la libertad.
César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.
