En la sesión del Comité Contra la Tortura (CAT), el relator Claude Heller, aseguró que la en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.
Dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la CAT expresó en la sesión de Ginebra, Suiza, que en la crisis de 2019, principalmente en los cabildos, se “usó la Biblia y la religión” como justificativo de la “causa divina de su movimiento contra el presidente Evo Morales”, quien dimitió el 10 de noviembre de ese año.
“Los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”, rememoró Heller.
Es más, denunció que desde “la propia presidencia interina (de Jeanine Áñez) se expresaron discursos racista y de discriminación en contra de los pueblos indígenas recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.
La protesta cívica liderada por Luis Fernando Camacho, alentada por denuncias de fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la dimisión de Morales. Camacho llegó hasta Palacio de Gobierno con una biblia en la mano y manejando el discurso de que Dios volvió.
Como resultado de una reunión extralegislativa convocada por la Iglesia Católica y la Unión Europea, representes del movimiento cívico y líderes políticos decidieron que la entonces senadora de oposición Áñez tome el poder. Como lo hizo Camacho, Áñez entró al Palacio de Gobierno con una biblia en la mano.
“Los ataques físicos, amenazas, insultos y malos tratos a mujeres indígenas por grupos organizados acompañados por expresiones de intolerancia relacionado con su etnicidad y filiación política proliferaron”, denunció Heller y recordó que se estigmatizó “a la población indígena, campesina y rural en situación de pobreza y tez morena, que lo identificaban como el MAS”.
“En una muestra de intolerancia cultural y falta de respeto por los símbolos indígenas la wiphala que es una bandera indígena esgrimida como identificación y protesta fue removida de instituciones públicas e incendiada en un acta de venganza e incitación al odio”, denunció respecto a hechos como el que policías arrancaron de sus uniformes este símbolo.
También mencionó a la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ) y la calificó como un grupo paraestatal que operó en la crisis de 2019 y de forma posterior. “Estos grupos paramilitares estuvieron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta, y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.
Los denominados Pititas son quienes se movilizaron en contra del gobierno de Morales. Heller también mencionó entre los grupos paraestatales a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
El viceministro de Justicia, César Siles, estuvo en presente en la sesión y corroboró que durante y posterior a la crisis de 2019 recrudecieron las acciones de intolerancia, de racismo y discriminación.
“No vamos a permitir impunidad, no vamos a negociar contra quienes han discriminado bajo ningún sentido, político ni legal. Lo que corresponde es impulsar los procesos judiciales que se han iniciado, los procesos judiciales que están en curso, activando algunos que hubieran sido archivados o rechazados conforme a normativa penal, siempre respetando el debido proceso”, respondió ante las observaciones.
Policías fueron procesados por el motín de 2019 y están en curso procesos contra Áñez, exministros y miembros de los entonces mandos militares y policiales por el caso golpe de Estado.
