Nuevamente, el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos encuentra en las calles demandando al Estado el derecho a estar vivas. Nuevamente, las cifras de la violencia nos estremecen y la impotencia nos impulsa a romperlo todo. Nuevamente nos juntamos en las plazas a contar muertas, como en una guerra interminable por nuestra independencia y libertad.
Bolivia es una de las sociedades más violentas en contra de las mujeres y nuestras casas son el espacio más inseguro para las niñas, jóvenes y esposas/compañeras que solo quieren tomar sus propias decisiones. Llevamos más de 20 años hablando del tema y ya no sabemos qué más decir, qué más hacer, cómo proponer políticas públicas pensadas a favor del derecho a la vida.
Este año, desde la trinchera de aliadas que tenemos en el Estado, nos proponen una “Revolución Cultural para la Despatriarcalización” bajo tres ejes de acción: i) estrategias basadas en la educación, la cultura y la comunicación; ii) avanzar en el ámbito normativo; y iii) fortalecer las instituciones que trabajan por la despatriarcalización. Sin duda los tres ámbitos son centrales si queremos asumir seriamente el cambio social que requiere la atención de la violencia, pero analicemos algunos desafíos que esta propuesta va a enfrentar.
Coincidimos que la cultura y la comunicación son campos desde donde podemos desafiar las normas sociales, ideas y creencias que no solo naturalizan la desigualdad de género y la violencia, sino la fortalecen y remozan sus formas. En esta empresa es necesario el compromiso del Ministerio de Culturas y todo el sistema de fomento a la cultura, como la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia con todas sus acciones, redes y centros culturales. En ese camino, una idea innovadora que requiere recursos es la biblioteca feminista, esperemos sus resultados.
Un segundo eje central en la prevención es el sistema educativo. Allí los desafíos son mucho más profundos y tienen que ver con los contenidos educativos que actualmente refuerzan los roles de género y que basan su sistema de valores en ideas conservadoras; así como los contenidos no curriculares transmitidos por los propios maestros y maestras que se constituyen en actores centrales del problema por su capacidad de influencia sobre niños, niñas y jóvenes. Tal vez el nuevo ministro pueda hacer un cambio significativo en este tema.
Desde la sociedad civil seguiremos acompañando la discusión en torno a la Ley 348, pero convencidas de que sus modificaciones solo tienen sentido en el marco de una reforma mayor del sistema judicial. Es allí donde encontramos uno de los nudos críticos para la impunidad puesto que una mujer que denuncia violencia tiene que estar dispuesta a vivir un verdadero viacrucis en el sistema jurídico, donde solo triunfa quien puede sobornar más y mejor a jueces y fiscales. La promesa de la instalación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) en el departamento de Santa Cruz es un avance en la lucha contra la impunidad.
El tercer eje tiene que ver con lo institucional. En este tema lo central tiene que ver con el diálogo y voluntad sincera de trabajo coordinado con los Servicios Legales Integrales de los gobiernos municipales. Con todas sus limitaciones y deficiencias, estos espacios son los más cercanos a la ciudadanía y donde encontramos un ejército de funcionarias que todos los días conocen historias desgarradoras y despliegan todos sus esfuerzos por brindar protección a las víctimas. El fortalecimiento y apoyo a estas instancias podría provocar un verdadero cambio en la cultura de la impunidad.
Sabemos que la tarea de erradicar la violencia es titánica. Lo único que nos alienta es que este 25 de noviembre las calles fueron tomadas por las jóvenes, hartas de que el Estado les falle sistemáticamente. Es en ellas en quienes depositamos nuestra confianza de que un cambio es posible.
Lourdes Montero es cientista social.
