A cinco años de la disolución de la organización separatista vasca ETA, España apunta a cerrar las heridas con crímenes que siguen todavía impunes.
El 3 de mayo de 2018 se puso punto final a la última rebelión armada de Europa occidental tras cuatro décadas de violencia que marcaron la historia reciente de España.
«ETA quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria»: así lo afirmaba la «declaración final» leída hace cinco años por Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea.
Conocido como Josu Ternera, y María Soledad Iparraguire, apodada Anboto, dos dirigentes históricos de la organización.
Ternera fue detenido en 2019 en Francia, después de 16 años prófugo, y Francia entregó aquel mismo año a Anboto a España, donde todavía está en prisión.
ETA «ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras» y «da por concluida toda su actividad política», agregaba el texto.
Se leyó casi siete años después de que el grupo separatista anunciara que dejaba la lucha armada el 20 de octubre de 2011.
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Disolución de ETA
Fundada en 1959 bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), ETA (Euskadi Ta Askatasuna, que significa País Vasco y libertad, en vasco), cometió su primer asesinato en 1968.
Fue responsable, entre otros, de la muerte del almirante Luis Carrero Blanco, hombre fuerte del régimen franquista, en un atentado con bomba en 1973.
Durante sus cuatro décadas de violencia, especialmente marcada durante los años 1980, a la organización se le atribuyen más de 850 muertes de militares, policías o cargos locales.
«Chantaje, dolor y muerte»
«Su legado han sido miles de personas víctimas de su persecución”.
“Extorsión, chantaje, dolor y muerte», recordó este miércoles el presidente regional del País Vasco (norte), Iñigo Urkullu, integrante del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
«Su legado es una sociedad sufriente, una convivencia necesitada de ser restañada», agregó.
Cinco años después de la disolución de ETA, la justicia española sigue sus investigaciones e inculpó en julio pasado a tres de sus exdirigentes.
Entre ellos Anboto, por su presunta implicación en el asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, un concejal municipal del Partido Popular (PP derecha).
Esa muerte derivó en masivas manifestaciones contra la organización separatista en toda España.
Más de 300 de los asesinatos que se le achacan a la organización separatista siguen, sin embargo, sin resolver, para desesperación de las asociaciones de víctimas.
(03/05/2023)
