La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el miércoles la eventual ejecución y masacre en Perú; de manifestantes durante la represión de las protestas contra la presidenta, Dina Boluarte. Dejaron 50 muertos entre diciembre pasado y febrero.
El organismo de la OEA presentó un informe tras la visita de una representación al país sudamericano a comienzos de año. En el que señala a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en «múltiples» muertes de civiles. Pide a la justicia peruana «investigar, juzgar y sancionar» a los responsables.
La respuesta de los efectivos de seguridad «no fue uniforme en todo el territorio nacional. Y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos», señaló la CIDH.
En ese sentido, detalló lo ocurrido en la ciudad de Ayacucho (sur). Donde murieron diez manifestantes, ocho de ellos durante el intento de toma del aeropuerto local el 15 de diciembre.
«Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar; (las muertes) podrían calificarse como una masacre», señaló la Comisión.
Según la CIDH, «al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales».
Las víctimas recibieron «impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo».
También cayeron o resultaron heridas personas ajenas a las manifestaciones que estallaron el 7 de diciembre. Tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo (julio de 2021-diciembre de 2022) por su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.
La presidenta peruana reaccionó en la tarde del miércoles al informe.
Gobierno rechaza ejecución y masacre en Perú
Durante una conferencia de prensa en el palacio de gobierno rechazó «la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre. Aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas».
Resaltó sin embargo la importancia de las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía; y exhortó a que «avancen con celeridad y objetividad y se determinen a los responsables».
Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumió el poder en medio de las marchas de afines a Castillo que exigían su renuncia y elecciones anticipadas.
Castillo, de 53 años, cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.
En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte y altos funcionarios. Los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».
Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026.
