El expresidente Evo Morales comparó la masacre ocurrida en Perú, como calificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las ocurridas en Sacaba y Senkata en 2019 en Bolivia.
“El informe de la @CIDH acerca de la represión de la Policía y FFAA contra nuestros hermanos indígenas en #Perú confirma ‘masacre’, ‘ejecuciones extrajudiciales’ (tal y como ocurrió en #Bolivia con el golpe de Añez), graves violaciones de Derechos Humanos y estigmatización racista”, escribió el exmandatario en Twitter.
En un informe de la CIDH, al que accedió La Razón el 2 de mayo, el organismo presumió que hubo masacre y ejecuciones extrajudiciales; eso en varios casos de muerte de 57 personas en las manifestaciones posteriores a la sucesión presidencial de Dina Boluarte en Perú.
Fueron “hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; extremos que deben ser investigados por fiscalías especializadas”, dice parte del documento.
El presidente Pedro Castillo quedó destituido de sus funciones el 7 de diciembre de 2022; había decidido cerrar algunos órganos de Estado y disolver el Congreso. Poco después, los miembros del Congreso peruano nombraron a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte en ese cargo.
Eso derivó en protestas sociales que se replicaron en varias regiones; alcanzaron tal punto que el Gobierno de Boluarte usó a las Fuerzas Armadas y la Policía para que intervengan.
Si bien el informe de la CIDH señala que hubo 57 muertes, medios locales informaron que las protestas dejaron más de 70 decesos, la mayoría a bala.
“Hubo un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza y las personas que murieron o resultaron heridas tenían lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego”, agregó Morales.
Derrocamiento de Evo Morales
En 2019 ocurrió un evento parecido en Bolivia. Morales, entonces presidente, renunció a su cargo el 10 de noviembre, en medio de protestas cívicas en varias regiones que denunciaban un supuesto fraude electoral en las elecciones generales de ese año.
El movimiento se vio fortalecido con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales dimita a su cargo.
Dos días después, el 12 de noviembre, la entonces senadora Jeanine Áñez, asumió, primero, la titularidad de la Cámara Alta; luego, la presidencia del Estado, en sendos actos en la Asamblea Legislativa. En ellos, no hubo quorum ni presencia de la bancada mayoritaria del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Inmediatamente surgieron movilizaciones de respaldo a Morales en varias regiones del país; y, ante la crecida de esas protestas, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4078. En ella se eximía de responsabilidades penales a militares por el uso excesivo de la fuerza en el afán de controlar a los movilizados.
Entonces, con el uso de armas, el 15 de noviembre, las fuerzas del Estado reprimieron las movilizaciones, acción que derivó en una decena de fallecidos en Sacaba, Cochabamba. Días después, el 19, otras 10 personas perdieron la vida por acciones similares en Senkata, El Alto.
El 19 de diciembre de ese año, la CIDH calificó de “masacre” a ambas intervenciones violentas, que se evidenció en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que determinó “masacre y ejecuciones extrajudiciales”.
