¡Nuevo pozo! Uff… ya estaba rezando el rosario. Y ahora que no debo preocuparme por un nuevo golpe de Estado al menos por los siguientes días, creo que aprovecharé este espacio para abrir una discusión sobre la crítica al extractivismo boliviano, muy en boga estos años.
Aunque la discusión sobre qué hacer con los recursos naturales de su suelo tiene largo recorrido en la historia de Bolivia, la irrupción del término extractivismo durante la segunda década de este siglo reactualizó el debate más allá del ámbito académico, para sacudir los ánimos de la política tanto partidaria como no partidaria, alcanzando un alto momento de intensidad durante aquello que algunos recuerdan como la coyuntura TIPNIS, entre finales de 2010 y mediados de 2012.
La forma de inserción del país en el mercado internacional o la economía mundial es un dato objetivo de la realidad a partir del cual puede explicarse mucho sobre cómo funciona nuestra sociedad, razón por la cual resulta natural que también sea un tópico sumamente contencioso cuando se trata de formular posibles caminos para la política de nuestro Estado.
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La actual discusión sobre qué debe hacerse con los recursos naturales está atravesada por conceptos como dependencia, desarrollo, extractivismo y sus correspondientes neologismos para aplicarse a la siempre cambiante modernidad, sin dejar de ser, a mi juicio, un elemento consustancial a este periodo histórico de la humanidad inaugurado por el capitalismo. Así, cuando se discute sobre la relación del Estado boliviano con la explotación primaria de recursos naturales, es inevitable llegar a otros problemas como el tipo de economía que quiere construirse según parámetros más o menos extendidos sobre lo que significa ser una sociedad desarrollada y cómo llegar a ella.
Lo curioso es que ambos lados del espectro político ideológico boliviano, y tal vez global, coinciden en que lo deseable es que ninguna sociedad dependa exclusivamente de la extracción de materias primas de su suelo; existen, no obstante, notables divergencias acerca de cómo debe afrontarse este problema, rasgo característico (aunque no exclusivo) de las sociedades subdesarrolladas del sur global, o lo que antes se conocía como el Tercer Mundo. Un panorama que se ha complejizado notablemente desde principios de este siglo debido a la emergencia de otro problema de carácter más global, es decir, que va más allá de los desafíos que normalmente deben enfrentar los Estados subdesarrollados: el calentamiento global, eufemísticamente llamado cambio climático.
Este nuevo contexto histórico suma a los conceptos antes señalados nuevas nociones que tienen capacidad de movilizar las consciencias y la propia acción política de millones de personas alrededor del mundo, más allá de la legitimidad de sus prácticas y reivindicaciones: algunas de ellas son casi corrientes ideológicas como el ecologismo, el conservacionismo y conceptos como el de bienes comunes de la humanidad, de contenido ambiguo cuando se trata de beneficiar al mundo desarrollado o al subdesarrollado.
Cuidar el medio ambiente puede terminar justificando desde la desnacionalización de la Amazonía en beneficio de las economías del norte global, así como sustentar la necesidad de que este se comprometa a realizar transferencias financieras y tecnológicas al sur global. Por lo tanto, las ideas del ecologismo terminan siendo tan válidas como desestabilizantes para los ejes que hasta muy recientemente ordenaban el debate político y establecían los límites entre la izquierda y la derecha, y sus correspondientes centros y extremos tanto a nivel local como mundial.
Ambigüedades que fácilmente abren paso a la hipocresía, como la de quienes se olvidaron criticar la práctica carbonización de la Chiquitanía durante los días de Áñez. (Sí chicos, no me olvidé de ustedes; Virginio, descansa)
Más las siguientes semanas.
(*) Carlos Moldiz Castillo es politólogo
