El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó de los avances del pago por resarcimiento excepcional a las víctimas de la violencia política por gobiernos inconstitucionales, entre 1964 y 1982, y 2019.
Dijo que el presupuesto destinado a esa tarea, que comenzó la semana pasada, es de “casi Bs 100 millones”, para el resarcimiento de daño, incluso a las víctimas y familiares de las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
El 21 de agosto del año pasado, el Gobierno y familiares (1.174 casos) y víctimas de dictaduras militares firmaron un acuerdo nacional para una reparación integral, después de 10 años de haberse instalado carpas en El Prado, desde donde se exigía “justicia” para ese sector.
Siles señaló que mediante la Ley 1446 se modificó el inciso b del artículo 16 de la Ley 2640 del 11 de marzo de 2004, para viabilizar el pago de la reparación a este grupo.
El funcionario recordó que el acuerdo contempla cinco puntos. El primero, “fue que debemos garantizar el cumplimiento del pago del 80% que estaba pendiente”, explicó.
Acuerdo con Víctimas
Otro compromiso tiene es la aprobación de una norma para la revisión de los casos rechazados en anteriores gestiones.
“El tercer compromiso se refiere también a la política de reparación integral (a las víctimas), aprobada en marzo en marzo de este año; entonces, podemos decir que es un compromiso cumplido”, dijo en La Razón Radio.
Mientras que el cuarto punto es la dotación de un espacio en el edificio del Ministerio de Justicia. “Se les ha asignado un ambiente en comodato, donde ellos se reúnen permanentemente y nosotros (como institución) también acudimos”.
El quinto punto descrito en ese acuerdo tiene que ver con el uso de un espacio público conmemorativo de la lucha por la recuperación de la democracia. Adelantó que la Alcaldía de La Paz ya dispuso del espacio; está ubicado al frente del edificio del Ministerio de Justicia, donde antes se instalaron las carpas.
Las 1.174 familias que se acogieron a ese plan de resarcimiento de daños protagonizaron movilizaciones y protestas durante varios años, en demanda de “justicia”.
En tanto, Siles adelantó que la Asamblea Legislativa debe considerar la revisión excepcional de 4.000 casos. Si se comprueba errores, se repondrá las listas, dijo.
