Hace poco más de un mes sorprendió la reunión entre el presidente Luis Arce y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). En aquella oportunidad se habló de establecer una agenda abierta de trabajo conjunto para identificar temas de interés común y que sea el espacio para la elaboración de propuestas concretas a problemas comunes. Hay varios temas que unen al sector privado con el público que es bueno de analizarlos.
A muy corto plazo se requiere atender temas que den seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada. En abril se conoció de cobros irregulares por algunos pobladores de Colchani a hoteles en el Salar de Uyuni. La cámara hotelera calificó este hecho de ilegal. La Fiscalía rápidamente abrió procesos a los lugareños. Otro tema de preocupación para el empresariado es el constante avasallamiento a predios agrícolas privados como en la zona de Las Londras, donde hubo enfrentamientos hace un mes. El sector privado demandó el respeto a la propiedad privada y que el Estado la garantice. Días después, la Policía y la Fiscalía intervinieron nuevamente.
Otra tarea de corto plazo es la lucha contra el contrabando, para lo cual la Aduana Nacional está coordinando con la Cámara Nacional de Industrias en su fortalecimiento. Asimismo, ante el cierre de fronteras prolongado en el Perú, se trabaja en una reglamentación de tránsito aduanero para acortar los tiempos de tramitación para las importaciones y exportaciones bolivianas. Existe también planillas adeudadas del sector público en todos sus niveles con el sector de la construcción revelados por la Cámara de la Construcción, que desde el nivel central se estaría destrabando con los fideicomisos a la inversión pública subnacional y otras fuentes de recursos.
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La reactivación económica es también una necesidad pública y privada emergente. Por un lado, eleva los ingresos fiscales y por otro, las utilidades privadas. Si el sector público continúa invirtiendo favorecerá al ensanchamiento del mercado interno, cuyo efecto se verá reflejado en las ventas y ganancias de las empresas privadas. Si las compañías exportan y producen contribuirán a la provisión de dólares a la economía y la estabilidad laboral.
Sin duda, una cuestión que preocupa al sector privado es la estabilidad cambiaria y del sistema financiero. En respuesta, el Gobierno ha garantizado que mantendrá el tipo de cambio. La aprobación de la “ley del oro” busca dotar de mayor liquidez a la economía y fue respaldada por el sector empresarial. Al sistema financiero se le ha dotado de una mayor liquidez desde el BCB para atender sus obligaciones de corto plazo.
En el mediano plazo, la participación del sector empresarial en la política de sustitución de importaciones seguramente es otra ventana de oportunidades para reforzar la alianza público privada. El sector privado desea ser partícipe de la cadena de valor de la industrialización liderada por el Gobierno. Hace días, YPFB anunció que incrementará las compras de etanol al sector cañero, de 135,9 millones a 200 millones de litros, lo que permitirá un ahorro en la subvención a los hidrocarburos y mayores utilidades para el sector cañero. El sector privado también tiene un amplio potencial para suministrar insumos vegetales para la planta de biodiésel que se inaugurará a fines de año.
Estas señales recogidas parecieran señalar que los sectores público y privado han comenzado una nueva etapa en sus relaciones económicas. ¿Podría esta nueva ruta ser suficiente para superar sus antagónicas diferencias ideológicas?
La relación viene de ser tensionada por algunos grupos empresariales más conservadores que han cuestionado la efectividad del modelo económico que implementa el Gobierno, y han recibido contraofensivas. Por otro lado, no todos son acuerdos, también existen desencuentros. El Gobierno incrementó el salario mínimo en 5% sin la aquiescencia del sector privado, que propuso no incrementarlo. El Gobierno también encontró resistencia con el sector privado agrícola por la mayor fiscalización a la venta de combustibles al sector productivo.
El fortalecimiento del relacionamiento público-privado requerirá una mayor coordinación entre sus actores de manera sincera y abierta. Los límites a las exportaciones, la posesión de las divisas, los incentivos tributarios, la regulación medioambiental, la industrialización, serán, entre otros, los nuevos retos de la agenda público privada.
(*) Omar Velasco Portillo es economista
