En Bolivia hay 1.541 policías que custodian a los 25.940 reclusos del sistema penitenciario. Ese número significa que hay un policía por cada 17 reclusos en las cárceles del país, según información oficial.
El director general de Régimen Penintenciario, Juan Carlos Limpias, proporcionó a La Razón un documento en el que se detalla la cantidad de los privados de libertad en las cárceles y los efectivos policiales que los custodian.
Antes de hacer la relación numérica de ese aspecto de seguridad, es necesario tomar en cuenta que de 25.940 privados de libertad en el país a abril de este año, 9.235 tienen sentencia. Con el resto de reclusos, el hacinamiento en el sistema penitenciario alcanza la cifra llamativa de 147%.
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Cárceles
En una comparación entre la cantidad de policías asignados por departamento, resulta que La Paz, que concentra a 5.387 privados de libertad, cuenta con 391 efectivos para su control.
El segundo departamento con más reclusos es Santa Cruz, cuyos recintos carcelarios albergan a 9.619 privados de libertad y tiene 261 policías asignados.
El tercer lugar lo ocupa Cochabamba, que cuenta con 285 efectivos para el control de una población privada de libertad que llega a 3.709 personas en los recintos de ese departamento.
La lista sigue y muestra que Tarija tiene 110 policías para el control de los privados de libertad en ese departamento, que alcanza un número de 1.593.
Con la misma cantidad de efectivos están los departamentos de Oruro y Potosí, que supervisan a 1.589 y1.275 personas privadas de libertad, respectivamente.
Según el documento de Penitenciarías, Pando, que alcanza a una población recluida de 573 personas, tiene 99 efectivos policiales. Es el departamento en el que la relación entre policías y reclusos es más baja que el resto.
En cambio, Beni, que tiene una población de reclusos de 1.181 personas, cuenta con 88 policías asignados al control de sus cárceles. Mientras que en Chuquisaca hay 87 policías para 1.017 privados de libertad.
La diferencia más amplia entre policías y recluidos se presenta en Santa Cruz, pues la relación es de un policía por cada 36 reclusos.
Mientras que en los departamentos de La Paz, Tarija y Oruro, la comparación es de uno a 14. En Cochabamba y Beni, por cada policía asignado hay 13 privados de libertad en sus cárceles.
La relación se reduce en los departamentos de Potosí y Chuquisaca, donde existe un efectivo policial por cada 11 reclusos.
Finalmente, en el departamento de Pando, cada policía custodia a seis privados de libertad; es la relación más baja en comparación a los demás departamentos.
Las mujeres policías no solo cumplen funciones en los recintos penitenciarios cuya población es femenina, sino que también desarrollan sus tareas en los centros carcelarios de varones. El 63% de ese personal está destinado al eje troncal del país.
Así, el documento señala que La Paz cuenta con 93 mujeres policías asignadas a la seguridad interna de sus centros de reclusión. Cochabamba es el segundo departamento con más mujeres policías que cumplen esa tarea, con 63 agentes. En Santa Cruz, el personal femenino llega a 32.
Tarija y Beni cuentan con 24 mujeres policías; Beni y Chuquisaca, 16; Potosí 18 y Pando 10.
Ante esos datos, el titular de Régimen Penitenciario señaló que no existe un estándar internacional de proporcionalidad entre policías asignados a las cárceles y los privados de libertad.
“No tenemos una referencia (internacional), la ley (actual) tampoco establece (la proporción); solo demanda que la seguridad externa e interna debería estar a cargo de la Policía Boliviana, eso dice la ley”, aclaró en entrevista con La Razón.
No obstante, aseguró que la cantidad de policías para “brindar la seguridad interna de las cárceles” aumenta en relación al crecimiento de la cantidad de privados de libertad en las cárceles.
“Constantemente se está dotando de nuevos policías, a medida que va creciendo la población”, aseguró Limpias.
El hacinamiento en las cárceles del país es una preocupación recurrente en la autoridades nacionales y organismos de derechos humanos internacionales. Parte de ese problema es también la recurrencia judicial de la detención preventiva, que en el país supera el 60% en relación al total.
