El circo político ha llegado a un estado de paroxismo donde lo anormal se normaliza y lo normal se vuelve sobrenatural; comer carne de burro es por ahora anormal, pero ya pronto será habitual y, seguramente, los carnívoros ya lo habrán degustado varias veces y no se dieron cuenta. Así, que aparezcan automotores robados en la Casa Grande nos incita para cambiarle de nombre a Garaje Grande del Pueblo, o al Ministerio de Medio Ambiente y Agua convertirlo en la Inmobiliaria “El Santo, enmascarado de plata”. Nadie se salva, son los estertores de un republicanismo que hace aguas turbias antes de reciclarse otra vez con sus viejas mañas. Mientras el presidente Arce dejó su guitarra para dedicarse a controlar los desvaríos del capitalismo mundial frenando la inflación, la mayoría de su coro se dedica a otras actividades, similares a sus colegas del desgobierno pasado en la que al ritmo Fassil pretendieron privatizar a su nombre todo un Estado.
De los escondrijos de los condominios orientales van emergiendo los encargados de tejer una red que abarca a sus principales socios del golpe-fraude que, en menos de un año, destruyeron la economía y la institucionalidad. El Gobierno no saca buenas notas en restablecer la institucionalidad porque tiene un serio problema de correspondencia básica: no debemos poner a un delincuente en la lucha contra la corrupción, porque ellos son parte del problema; no debemos nombrar a un profesor como ministro de Educación porque ellos son el problema; no podemos nombrar a un abogado para reformar la Justicia, porque ellos son parte del problema, y así sucesivamente, vale decir que las cuotas políticas pagadas en cargos no son, en absoluto, garantía de gestión eficiente y transparente.
Una prueba es la sinuosa gestión del rimbombante Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que, extrañamente, para cumplir la Resolución Ministerial MJTI-DGAJ-RM-Z-36 2023 de 3 de marzo, oficializo la conformación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Permanente-MTIP, con el objetivo de “… estructurar el Plan de Reparación Integral”. Dicen que a la fecha tiene una “matriz de líneas estratégicas” y se pretende convocar a las organizaciones de Víctimas para trabajar de manera conjunta un plan de acción y, a iniciativa de la Comisión de Derechos humanos de la Cámara de Diputados, una ley. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, resulta que no sabe en qué situación se encuentra el tratamiento y dispone: “…le sugiero apersonarse ante la citada comisión a fin de obtener mayor información”. Así estamos, delegan su trabajo a terceros, por el que reciben un jugoso sueldo. Ahora resulta que los que enviamos nuestros expedientes hace más de 20 años, cuando existía CONREVIP, resultamos últimos y sin ninguna esperanza de ser beneficiarios de la reparación. En cambio, teatraliza el primer pago de Bs 12,6 millones (9 mayo) a víctimas de la dictadura y menciona que se reunió con grupos de las víctimas y no aclara con quiénes y por qué la conforman. Tal parece que parte de su macabro plan es que las víctimas se extingan por completo. Si un acto de reparación que tiene antecedentes jurídicos y respaldos institucionales internacionales no se puede asumir con eficiencia, esperar que emerja de este ministerio un proyecto sólido para reformar la Justicia es un sueño y eso, aunque parezca contradictorio, nos debería tranquilizar, porque encomendar a ese ejército de ineficientes una tarea delicada y compleja sería una irresponsabilidad, lo que se convertiría, a la larga, en una pesadilla.
A tal extremo hemos llegado que la jerarquía eclesiástica, ante la frívola e insustancial justicia, decidió arrogarse el rol de juez y prescindir del aparato judicial para aplicar las sanciones a sus sacerdotes pervertidos con sus propias normas del derecho canónigo y por supuesto, liberarlos de toda responsabilidad. A este paso, cada grupo social hará lo mismo y el Poder Judicial será un accesorio decorativo y simbólico. Las FFAA tienen su tribunal, la Policía lo mismo, las universidades públicas también armaron su tribunal donde nadie sale lastimado, como en los otros tribunales. Los abogados han elaborado reglamentos y normas institucionales para cada institución, relegando a un plano secundario los derechos contemplados en la Constitución como la norma mayor.
¿Será que estamos así tanto comer carne de burro?
Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.
