El Ministerio Público imputó y solicitó la detención preventiva de los exministros Víctor Hugo Zamora, Arturo Murillo y Luis Fernando López, además del excomandante de las Fuerzas Armadas, general Sergio Orellana, por el caso Senkata, donde 10 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas.
Los exministros fueron imputados por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves, y posteriormente se determinó ampliar la investigación por el delito de genocidio.
Según la imputación, emitida en junio y a la que tuvo acceso la radio Erbol, López “tuvo conocimiento y participación en la planificación, aprobación y ejecución de los planes operativos” realizados el 19 de noviembre de 2019 en la planta de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto.
De acuerdo al documento, López participó en una reunión vía Zoom con jefes militares y aseguró que “ya quería ver que se saquen los vehículos y camiones con combustible desde Senkata, por que la población se encontraba desabastecida de combustible”.
Es así que, según la Fiscalía, se autorizó el empleo de armas de fuego con munición letal en el operativo y López, estando a la cabeza de las Fuerzas Armadas, se mantuvo al tanto de cada acción militar y sus consecuencias.
Mientras, Murillo, de acuerdo al mismo documento de imputación, dirigió, en su condición de Ministro de Gobierno, a la Policía Boliviana, que también participó en el operativo junto con las FFAA.
Sobre Zamora, la imputación señala que se encontraba en inmediaciones del Regimiento Ingavi IV de Caballería, usando chaleco antibalas y fue visto junto a Luis Fernando Valverde, quien era el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y es acusado de ordenar el retorno de vehículos mecanizados blindados y personal militar hacia la planta de Senkata, hecho que derivó en los disparos.
“En el caso del excomandante, Sergio Orellana, la imputación fue emitida en abril y la misma señala que el general tenía necesariamente conocimiento de la ejecución de los planes operativos en Senkata, se repartió tareas con otros intervinientes y autorizó el uso de armas sabiendo de las consecuencias”, cita Erbol en su portal web.
Lo ocurrido en Senkata, durante el gobierno de Jeanine Áñez, fue calificado como una masacre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) porque su investigación estableció que hubo uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
