Los empresarios bolivianos ven que el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas vulnera derechos constitucionales, por lo que demandaron suspender su tratamiento y convocar a un “espacio de diálogo” a todos los actores involucrados.
“La decisión del Gobierno Nacional de incorporar en nuestra legislación disposiciones emanadas de acuerdos y tratados para combatir el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, no puede justificar el menoscabo a derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la privacidad, el secreto profesional, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el derecho que tiene todo boliviano a dedicarse a una actividad lícita”, sostiene en un comunicado la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
Según los empresarios, el proyecto de ley contiene artículos que afectan derechos y garantías constitucionales, además que por su “ambigüedad e imprecisiones” en su redacción pone en indefensión a los ciudadanos, empresarios y emprendedores que con base a su “esfuerzo” y “trabajo duro” obtuvieron su riqueza.
“La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, como entidad nacional que representa, defiende, y promueve la iniciativa privada en el país, expresa públicamente su profunda preocupación por el contenido del ‘Proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales” que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento”, establece el pronunciamiento.
El 17 de septiembre, Diputados aprobó el proyecto de ley que busca prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
La CEPB advirtió que las “serias falencias” e “impactos” de la ley en la actividad productiva y la vida ciudadana son de conocimiento de las autoridades involucradas en su tratamiento.
“Estamos seguros que las normas que se construyen en base al consenso, derivado de un diálogo honesto y transparente, adquieren mayor legitimidad y redundan en beneficio de la ciudadanía que, en definitiva es la razón de ser y el bien mayor que todos perseguimos”, dice el comunicado.
Otro sector que rechaza el proyecto de ley es el de los gremiales. Francisco Figueroa, secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, anunció, el jueves por la noche, que un ampliado decidió ir a un paro nacional de 24 horas el 11 de octubre con bloqueo de caminos, cierre de mercados, puestos de venta y frontera.
“Son dos leyes observadas: la ley 1386 que incorpora al comercio minorista que dice que por el sector ingresa el lavado de dinero; la segunda es la ley 218 que son contrarias al sector del comercio minorista, no sé qué se quiere, el gobierno está mirando otra cosa, esta allanando el camino para declarar a Bolivia país socialista donde no hay comercio minorista, solo empleados públicos”, dijo al programa Que No Me Pierda.
