La rearticulación del movimiento cívico, que anunció protestas para la semana que viene, busca la desestabilización del gobierno de Luis Arce e impunidad de los responsables de ruptura constitucional de 2019 y las masacres de Sacaba y Senkata.
El análisis corresponde al vocero presidencial Jorge Richter, quien, en entrevista con radio Kawsachun Coca, consideró que esas alianzas se establecen “para que la justicia no los pueda alcanzar, para que la verdad se pueda disipar”.
“Estamos debatiendo horas importantes y cruciales sobre aquellos que tuvieron responsabilidad en el golpe, en la instalación de un gobierno no constitucional y en las muertes de Sacaba y Senkata”, dijo el funcionario.
El viernes, distintos comités cívicos del país se reunieron en Potosí para definir acciones en relación a la gestión del gobierno de Arce, “por la unidad y defensa de la libertad y la democracia en contra de la dictadura masista”.
Convocaron a una “gran marcha” para el 10 de octubre, Día de la Democracia”, y anunciaron que se sumarán al paro nacional llamado por los gremiales en contra de la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
En su comunicado, los comités cívicos anunciaron que “no permitirán la aplicación de leyes inconstitucionales” y denunciaron que hay una “persecución a líderes cívicos, policías, militares, educación, salud, autoridades electas, resistencias juveniles, juntas vecinales, plataformas y todos quienes defendieron la vida y democracia” en 2019.
A propósito, Richter consideró que ese movimiento, uno de cuyos integrantes, Rómulo Calvo, llamó en 2020 “bestias salvajes” a los campesinos, intenta “construir una fuerza política movilizada que rápidamente la denomina como la defensa de la democracia”.
“Esa defensa de la democracia de parte de quienes irrumpieron un proceso democrático, generaron una ruptura institucional y produjeron un golpe de Estado, más allá de los 37 años de laboriosa construcción”, deviene de “viejos representantes de la partidocracia, del conservadurismo y de los sectores que construyen sus lógicas políticas sobre la base de la exclusión”.
En los últimos meses, el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha denunciado ante el Ministerio Público a distintos actores políticos, civiles, policiales y militares en la crisis poselectoral de 2019 que desembocó en la renuncia de Evo Morales y la proclamación de Jeanine Áñez.
El viernes, los fiscales que investigan el caso Golpe de Estado convocaron al expresidente del Comité pro Santa Cruz Luis Fernando Camacho, que en 2019 protagonizó movilizaciones contra Morales, para una declaración en calidad de denunciado el 7 de octubre.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, también anunció la convocatoria por el mismo caso al expresidente Jorge Quiroga (2002-2003) y al dirigente político y empresario Samuel Doria Medina, quienes fueron parte de las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica del 10, 11 y 12 de noviembre que definieron la sucesión de Áñez.
En otro caso, referido a la masacre de Senkata, la represión policial y militar que el 19 de noviembre terminó con la vida de 10 manifestantes con impactos de bala, el Ministerio Público imputó a los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Víctor Hugo Zamora, además del excomandante de las Fuerzas Armada Sergio Orellana, para quienes solicitó su detención.
Áñez guarda detención preventiva por el caso Golpe de Estado en la cárcel de Miraflores y tiene cinco proposiciones acusatorias, en trámite en la Asamblea Legislativa, para eventuales juicios de responsabilidades. Una de ellas la apunta como la principal acusada del caso Senkata y la masacre de Sacaba, del 15 de noviembre, debido a la promulgación del Decreto Supremo 4078, que otorgó inmunidad penal a quienes ejecutaron la represión.
