México y Estados Unidos lanzarán un nuevo acuerdo de cooperación antidrogas ante la fracasada ofensiva militar desplegada hace 13 años, durante una visita al país vecino del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.
El nuevo marco sustituirá la Iniciativa Mérida, que el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador dio por terminada al señalar que su país no quería más armas ni helicópteros para someter a los poderosos cárteles.
López Obrador, en el poder desde 2018, reclama inversión en comunidades pobres expuestas a la criminalidad, también como una forma de contener la creciente migración ilegal hacia Estados Unidos a través de México.
El pacto «marca un nuevo comienzo» y «desafía a nuestro gobierno a crear las condiciones para la prosperidad», dijo el jueves un alto funcionario estadounidense, sin detallar los alcances del acuerdo.
Dentro de la Iniciativa Mérida, Washington desembolsó 3.300 millones de dólares en asistencia militar y asesorías.
El objetivo es «aprovechar el trabajo que hemos hecho en el pasado y llevarlo a una era moderna», señaló la fuente sobre el «Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras».
Estrategia fracasada
Tras desayunar con López Obrador, Blinken se reunirá con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para sellar el acuerdo durante el primer Diálogo de Seguridad de Alto Nivel.
Culminarán así diez meses de discusiones sobre medidas contra el crimen transfronterizo, según el gobierno del presidente Joe Biden, que liga estos esfuerzos al respeto de los derechos humanos, un punto crítico en México por el sinnúmero de violaciones cometidas durante la guerra contra el narcotráfico.
«La prioridad en México es reducir los homicidios y la violencia», declaró Ebrard antes de la visita.
Desde 2006, México, de 126 millones de habitantes, acumula más de 300.000 asesinatos, en su mayoría atribuidos al crimen organizado, y unos 90.000 desaparecidos.
Sin embargo, Estados Unidos asegura que la Iniciativa Mérida fortaleció la cooperación, el profesionalismo y la transparencia de las agencias policiales mexicanas.
«El objetivo de forjar una nueva estrategia común no será fácil», comentó a la AFP Michael Shifter, presidente del centro de reflexión Diálogo Interamericano, para quien la Iniciativa Mérida estaba «muerta».
«Si se mide en función de si redujo el tráfico de drogas y la violencia en México o detuvo el flujo de armas desde Estados Unidos, claramente fracasó», sostuvo.
Buenas intenciones
De hecho, a inicios de agosto el gobierno mexicano demandó a nueve grandes fabricantes y dos distribuidores de armas por comercio «negligente e ilícito» que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.
México asegura que entre 70% y 90% de las armas ilegales que incauta entraron desde Estados Unidos.
En el nuevo plan, Washington se compromete a «trabajar para enfrentar el flujo de armas hacia México», indicó el funcionario estadounidense.
México sostiene que las políticas antidrogas aplicadas hasta ahora no han dado los resultados esperados.
«El objetivo primordial que se tuvo durante muchos años fue capturar capos, ¿y qué pasó?», cuestionó Ebrard sobre esa apuesta.
El nuevo enfoque recalca, no obstante, que se mantendrá la persecución a los criminales.
La caída de grandes barones como Joaquín «El Chapo» Guzmán provocó una fragmentación de los grandes cárteles en múltiples bandas que dependen ahora de una «cartera criminal más diversa», señala el centro de investigación Insight Crime.
El crimen organizado ya no solo saca provecho de los más 3.000 km de frontera para proveer drogas al mayor consumidor mundial, sino que está implicado en el tráfico de armas y de personas, el robo de combustible, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero y la corrupción de autoridades.
Confianza agrietada
Los esfuerzos conjuntos se han visto afectados por la pandemia de covid-19 y episodios como la captura en Estados Unidos, en octubre de 2020, del general Salvador Cienfuegos, exministro de Defensa mexicano, por supuestos nexos con el narcotráfico.
Tras un inusual acuerdo, Washington regresó a Cienfuegos a México y entregó supuestas evidencias en su contra para un eventual juicio, pero la Fiscalía mexicana las desechó en medio de denuncias de López Obrador de que la DEA fabricó las pruebas.
El gobierno impulsó luego una reforma que limitó las actuaciones de agentes extranjeros en México.
Cauto frente al discurso prolegalización de las drogas, López Obrador considera que Estados Unidos podría apoyar sus programas de desarrollo en comunidades vulnerables.
Aunque las tensiones presupuestarias en Washington ponen cuesta arriba ese objetivo, México juega un rol clave para frenar la crisis migratoria que ha complicado a Biden. López Obrador podría sacar ventaja de esa situación en otros temas, apunta Shifter.
(08/10/2021)
