En su informe sobre la visita in loco a Bolivia en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa dificultades en la cohesión social y las secuelas de la crisis política de 2019.
Precisamente, el documento de 222 páginas al que accedió La Razón, se titula Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia.
En él aborda los avances y desafíos de los derechos humanos durante los últimos 17 años.
Desde 2006, «Bolivia ha experimentado una serie de importantes transformaciones sociales basadas en reclamos históricos», recuerda un comunicado de prensa de la CIDH.
«Estas (transformaciones) fueron recogidas en la Constitución Política del Estado, de 2009, que introdujo un amplio catálogo de reconocimiento de los derechos humanos con perspectiva de descolonización, despatriarcalización y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales», complementa.
Esencialmente, el informe reconoce que Bolivia “ha realizado transformaciones sustanciales para el reconocimiento y garantía de los derechos humanos que incluyen avanzadas protecciones constitucionales y una serie de políticas públicas destinadas a la atención de las poblaciones en situaciones históricas de vulnerabilidad”.
“Esto ha resultado en la disminución de la pobreza y la exclusión social, particularmente, en áreas rurales. Los índices económicos reflejan una reducción de las desigualdades en Bolivia desde 2005, particularmente en las áreas rurales del país”, dice el informe.
Además, afirma que, “sumado a ello, existe un compromiso estatal contra patrones históricos de discriminación”.
Sin embargo, el informe señala que “Bolivia continúa enfrentando un profundo desafío para lograr la cohesión social en un Estado diverso”. Y la principal tarea debería ser la construcción de una ruta crítica con “la articulación de la diversidad de actores políticos”.
Considera “urgente” la atención de desafíos “derivados de las distintas versiones sobre la realidad histórica reciente en Bolivia”. Aquí es necesario abordar “específicamente, la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019”, que, en criterio de la CIDH, “continúa representando amenazas serias a la cohesión del tejido social”.
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“La división entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que existió un golpe de Estado es la causa más visible de la polarización política, que ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores significativos de la población”, advierte el informe.
Entonces, una serie de protestas políticas, que cuestionaron los resultados de las elecciones del 20 de octubre, derivó en la caída del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre. Un motín policial y la sugerencia de dimisión presidencial de parte de las Fuerzas Armadas precipitaron los hechos.
Fuera Morales del poder, una reunión extralegislativa en la Universidad Católica definió la sucesión de la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez. El 12 de noviembre, Áñez se autoproclamó presidenta en sendos actos en Senadores y la Asamblea Legislativa sin quorum ni resolución, y sin la presencia de la bancada de dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El documento es resultado de la visita in loco de la CIDH a Bolivia los días 27 y 31 de marzo de 2023.
