En un clima político muy enrarecido que vive el país, quiero referirme a un tema pragmático que pretendo sea un escape a los problemas de coyuntura y abra perspectivas de debate sobre el patrimonio físico con que cuenta el sector minero estatal administrado por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) en toda la cadena de producción, beneficio y comercialización de minerales y metales, que salen de esas áreas mineras calificadas genéricamente como fiscales y cuyo origen se genera en los grupos mineros nacionalizados (DS 3223 de 31-10-1952 elevado a rango de ley en 29-10-1956), concesiones adquiridas posteriormente, residuos mineros en superficie originados por estos dos grupos, 26 áreas de uso exclusivo de la Comibol (DS 1369 de 10-08-2012), áreas que pasaron a su administración por el DS 1308 del 1 de agosto de 2012, áreas de contrato según la Ley 845, áreas de contrato con cooperativas, etc. Esto constituye un gran patrimonio corporativo cuyo manejo es obviamente difícil y aunque la Comibol es una empresa grande, hoy está lejos de ser una gran empresa como querían sus fundadores y cuyo fin debiera ser promover negocios mineros rentables.
Solamente las áreas de uso exclusivo del DS 1369 añadieron en 2012 al patrimonio de la estatal minera 33.564 cuadrículas, equivalentes a 839.100 hectáreas. Esta política de acumulación de áreas mineras a lo largo de los años ha generado un patético contrasentido en una empresa que controla la mayor parte del potencial minero del país y que paradójicamente no tiene la capacidad de desarrollarlo y generar nuevos proyectos mineros, porque en los años 80 se destruyó su Dirección de Exploraciones y Proyectos (hoy en proceso de reestructuración) y también porque se redujo al mínimo la capacidad del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeomin), el otro brazo operativo y de servicios encargado de la investigación geológica-minera de áreas fiscales. En un trabajo de investigación sobre este tema (Comibol un sueño inconcluso, en: ¿De vuelta al Estado Minero? Fundación Vicente Pazos Kanki, La Paz, Bolivia, 2013) detallo estas cosas y propongo algunas soluciones para estructurar una Corporación moderna y eficaz que sí podría revertir la situación y sacar provecho para el país de su inmenso patrimonio. La solución pasa por segmentar la corporación en unidades especializadas y no en grupos de minas, transferir las actividades y servicios de utilidad pública hacia áreas de acción del gobierno (salud, educación), permitir la participación de terceros en campos específicos y también en el desarrollo de nuevos proyectos, generando un clima apropiado a las inversiones de riesgo (v.g. exploración), y en el caso específico de áreas fiscales, alivianar la tediosa y burocrática tramitación de contratos de terceros con el Estado, entre otras medidas.
En las dos décadas precedentes no se han generado nuevos proyectos estatales en áreas fiscales que tengan una proyección significativa a corto y mediano plazos, muchas de estas áreas tienen trabajos previos de privados que no se finalizaron por los cambios frecuentes de la legislación del sector, la falta de seguridad jurídica que genera avasallamientos y estatizaciones, y por una inadecuada ley sectorial (Ley 535) que debería adecuarse a las necesidades actuales, como es el caso de las modificaciones que ya se han hecho por la presión social del sector cooperativo. El potencial minero soterrado en las profundidades de la corteza terrestre no tiene ningún valor, éste se consigue cuando se genera, con trabajo intelectual e inversiones, un proyecto minero que tenga cuando menos un estudio de prefactibilidad (PFS), que lo haga de interés. Lo contrario significaría seguir la moraleja de la fábula El perro del hortelano.
Dionisio J. Garzón M. es ingeniero geólogo, exministro de Minería y Metalurgia.
