Software malicioso, secuestro de datos a cambio de un rescate y toda clase de piratería, incluyendo métodos fraudulentos para robar datos financieros, así como la explotación y el abuso sexual infantil, entre muchos otros, son todos delitos que ocurren en el ámbito cibernético. El desarrollo de políticas públicas para lidiar con ellos es un tema pendiente para el Estado boliviano.
El escándalo desatado la semana pasada cuando se conoció que varios clientes de un banco nacional habían perdido cientos de miles de bolivianos en operaciones fraudulentas se ha convertido en la mejor evidencia de que urge dar pasos acelerados para mejorar la ciberseguridad en Bolivia, incluyendo las medidas para contener la multiplicación de casos y asegurar el debido castigo a quienes emplean la tecnología de telecomunicaciones para cometer delitos y crímenes.
Según un abogado especialista en la materia consultado por este diario, en Bolivia solo existen dos tipos penales relacionados con los delitos cibernéticos: la manipulación informática, con penas de hasta cinco años de cárcel y la alteración, acceso y uso indebido de datos, cuya sanción es la prestación de servicios sociales por hasta un año; las múltiples formas de estafa a través de medios digitales no existen para el sistema penal.
Desde el punto de vista de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es importante fortalecer las capacidades de los países para luchar contra los ciberdelitos, desarrollando la cooperación internacional, el diálogo entre gobiernos y con Naciones Unidas, además de involucrar a otras organizaciones internacionales y regionales, además de Interpol y otras organizaciones, incluyendo a las empresas y la sociedad civil.
Desde el punto de vista de las y los usuarios de servicios comerciales y financieros a través de las redes cibernéticas, es evidente que urge mayor educación en el uso de las nuevas tecnologías, que sin duda han ampliado exponencialmente la cantidad de operaciones posibles incluso desde el teléfono móvil, pero también se vuelven vulnerables en manos de quienes no conocen lo suficiente acerca de las medidas de seguridad necesarias, es decir la mayor parte de la población.
Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado ‘Ciberseguridad 2020’ ha evidenciado que en el país ni el Gobierno ni los usuarios han demostrado tener conciencia de la necesidad de más y mejor seguridad; el rezago detectado en 2016 se repitió en 2020; coincidentemente, son apenas cuatro de cada 10 las personas que confían en el Internet, el gobierno electrónico y el comercio en-línea.
Urge, pues, prestar más atención al desarrollo tecnológico y actualizar los instrumentos necesarios para controlar que la vida digital no se convierta en un infierno para quienes, carentes de información suficiente, o no se atreven a disfrutar de las ventajas tecnológicas o se arriesgan a ser víctimas de avezados criminales escondidos en algún punto de la red de redes.
