El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo este lunes que el Estado garantiza la seguridad y la salud de los familiares y víctimas de Senkata y Sacaba, mientras marchan exigiendo justicia por ambas masacres.
“Se ha dispuesto que la Policía Boliviana garantice su seguridad, su tranquilidad, por otra parte, los vecinos de Senkata se han manifestado en constante vigilancia y también brindan su apoyo”, afirmó en entrevista con el canal estatal.
La columna de marchistas llegó el domingo hasta la ciudad de El Alto, desde la localidad de Caracollo, recorrieron aproximadamente 200 kilómetros para entregar al Gobierno un pliego petitorio de 22 puntos.
Ríos señaló que en el país todavía existen “grupos desestabilizadores” que buscan impedir que haya justicia en el país y reafirmó que el Ejecutivo se adhiere a la protesta de los marchistas “para hallar responsables en la emisión del Decreto 4078, el decreto de la muerte”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos de violencia en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, determinó que los hechos de Sacaba y Senkata, con 20 fallecidos, fueron masacres, que hubo uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
El Decreto Supremo 4078 fue promulgado por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y exoneraba de responsabilidad penal a los militares que participaron en las operaciones conjuntas para restablecer el orden, tras las movilizaciones por la renuncia del presidente Evo Morales, asfixiado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas.
