Mediante un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia hizo un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, “manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”. Ello tras el caso de una niña violada y embarazada en la localidad de Yapacaní, en Santa Cruz.
“Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, señala el documento que fue posteado en las redes sociales de la institución.
Y el pronunciamiento continúa: “Asimismo, ONU Bolivia reafirma que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas. Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan revictimización y atenten contra sus derechos”.
El anterior viernes, tras un acuerdo con autoridades judiciales y médicos se tenía planificado aplicar la interrupción legal del embarazo de la niña violada. Por ello fue llevada al hospital Percy Boland de la ciudad cruceña. Sin embargo, la víctima y su madre fueron visitadas en el nosocomio por personal de la Iglesia Católica, tras lo cual dieron marcha atrás en la cirugía. Más aún, esta semana la menor fue llevada a un centro de acogida de la Iglesia, que le ofreció incluso atención posparto.
El caso ha generado consternación y debate en el país. Al respecto, Naciones Unidas, en su comunicado, remarca que “someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son ‘formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante’. Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable”.
Aparte, la ONU, al analizar la normativa boliviana, indica que el artículo 61 de la Constitución prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Eso no es todo, enuncia al Código Niña, Niño y Adolescente, que en su artículo 148 garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Y también rige la sentencia constitucional 0206/2014 que establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo.
“Naciones Unidas reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad, y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades”, añade el documento. “Finalmente, ONU Bolivia reitera la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo”.
