En medio de una serie de cuestionamientos, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), a través de su asesora legal Susana Inch, recurrió este miércoles a su “obligación ética y legal” para justificar la postura que asumió para proteger la vida de la niña de 11 años embarazada producto de una violación y de su bebé en proceso de gestación.
“En la práctica hemos forzado tanto las cosas que hemos llegado a creer que efectivamente una solución a un hecho como éste podría ser el acabar con la vida del bebé, pero por el otro lado, tenemos la obligación ética y legal de proteger también esa vida del bebé, (es decir) las dos vidas deben ser protegidas”, dijo Inch en una entrevista con La Razón Radio.
Por tanto, según la asesora legal, la Iglesia Católica, en este caso, no tenía otra opción que asumir la defensa de ambas vidas pese a los peligros porque se trata de un embarazo de alto riesgo.
Aunque “otra opción más cómoda hubiera sido decir: no nos metemos y dejamos que todo pase; pero eso está fuera de conciencia”, remarcó la jurista.
Inicialmente se había definido la interrupción del embarazo de la niña, violada por el padre de su padrastro en Yapacaní, pero luego la Arquidiócesis de Santa Cruz, mediante un primer comunicado, aseguró que “un crimen no se soluciona con otro crimen” e incluso ofreció “acogida y atención a la niña y a la criatura que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes”.
Después la niña y su madre desistieron de la determinación inicial, tras haber sido visitadas por personal eclesiástico, lo que provocó una serie de cuestionamientos en contra de la Iglesia Católica por involucrarse en este caso. Esta semana, la víctima fue llevada a un centro dirigido por la Iglesia a la espera de tener al bebé.
Incluso la Defensoría del Pueblo advirtió de posibles consecuencias legales, mientras el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, se están vulnerando todos sus derechos”.
Sin embargo, “vamos a responder a cualquier acción de Nadia Cruz (Defensora del Pueblo) o cualquier otro funcionario que quiera plantear porque estamos convencidos de que se está actuando, no solo en el marco de la conciencia, sino también en el marco de la legalidad”, insistió Inch.
Remarcó que la Iglesia Católica está actuando en función de los derechos fundamentales que plantean la Constitución Política del Estado y el Código Niña, Niño y Adolescente.
“Tenemos la obligación, como ciudadanos y como instituciones, de cumplir el deber que plantea el Código (…) y la propia Constitución de proteger los derechos de los niños (…) desde el momento mismo de la concepción y ¿cuál es el principal derecho a proteger?, el derecho a la vida”, ratificó la jurista, quien indicó que la interrupción legal del embarazo es inconstitucional.
