El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este viernes que el Ministerio Público activó los mecanismos de protección de la niña de 11 años que fue violada en Yapacaní, Santa Cruz, por el padre de su padrastro y en resguardo de su salud física y psicológica a través del «Programa de protección de víctimas, testigos, denunciantes y miembros del Ministerio Público».
“El Ministerio Público exhorta a la población en general mantener en absoluta reserva los datos de identidad de la víctima, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1100/2011-R de 16 de agosto, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales de la víctima y evitar su revictimización”, dijo la autoridad, según un boletín de prensa de la entidad.
Asimismo, detalló que la denuncia presentada por la Defensoría del Pueblo, por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de guarda y adopción, fue admitida por la Fiscalía y se iniciarán las investigaciones correspondientes.
La anterior semana se conoció que una niña de 11 años fue violada por el padre de su padrastro y la Iglesia Católica activó mecanismos para “convencer” a la madre de la menor a “que se salven las dos vidas”, pese a que organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos insisten en que someter a la fuerza a una menor de edad a cursar un embarazo es “considerado una tortura”.
