El ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó este viernes que el Gobierno responderá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de la expresidenta Jeanine Áñez, que está detenida desde marzo por el caso Golpe de Estado y el 21 de agosto intentó quitarse la vida en la cárcel de Miraflores.
“En este caso tenemos siete días otorgados por la Comisión y se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado porque (en el caso de Áñez) se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la CIDH para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.
En ese sentido recordó que cuando se trata de materia internacional, la respuesta debe presentar la Procuraduría en coordinación con la Cancillería. Pero, “cuando se requiere información, argumentos jurídicos o una interpretación legal, siempre los equipos del Ministerio (de Justicia) están (…) para apoyar a todas las demás instancias del Estado”, agregó.
El pasado miércoles se conoció de manera pública que la CIDH envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, solicitando información sobre el estado de la expresidenta.
Ese pedido surgió después de que la defensa de Áñez solicitó a la CIDH la otorgación de medidas cautelares. El 26 de agosto, Luis Guillén, uno de los abogados de la exmandataria, explicó que se acudió a esa instancia internacional “debido a las amenazas, hostigamientos y agresiones” en contra de la vida e integridad personal de la exautoridad “y ante la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado” para restablecer su estado de salud.
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Sin embargo, Lima insistió que se tomaron los cuidados necesarios en el caso de Áñez y no cree que su requerimiento tenga un resultado favorable a sus objetivos.
“Si haces un análisis de todos los casos que atiende la Comisión Interamericana es poco probable que este caso pueda tener resultado favorable a la señora Áñez, porque los temas del debido proceso no son parte de los casos que atienda; usualmente ellos atienden casos de pena de muerte, casos en los cuales la vida de una persona está en riesgo (…) y no cuando existe un debido proceso en curso”, remarcó.
Por tanto, para la autoridad gubernamental, el pedido de la expresidenta le “parece interesante” solo para el debate en los medios, “pero jurídicamente no existen argumentos para que pueda existir una medida cautelar” en su favor.
