La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa postergó sin fecha el análisis de las proposiciones acusatorias contra la expresidenta del régimen transitorio Jeanine Áñez. Parece una buena señal, pues además de cuidar el procedimiento, implicaría considerar tiempos políticos en búsqueda de acuerdos que viabilicen al menos un juicio de responsabilidades.
Luego de haber resuelto varios procesos que estaban engavetados, la comisión debía tratar hoy las cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez derivadas por el Tribunal Supremo de Justicia, a requerimiento de la Fiscalía General del Estado, para la decisión correspondiente sobre la autorización o no de juicios de responsabilidades. La celeridad de la comisión en estos casos, que son objeto de debate político, contrasta con el rezago de procesos que datan incluso de hace tres lustros.
Con relación a la expresidenta del régimen provisorio, a la fecha hay cuatro procesos orientados a juzgar delitos que habrían sido cometidos en el ejercicio de sus funciones: el crédito contraído con el FMI sin autorización de la Asamblea, el Decreto Supremo 4200 que penalizaba la libertad de expresión, la ampliación de registro de comercio en favor de Fundempresa y las masacres de Sacaba y Senkata. En este último caso, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es inequívoco.
Entre otras razones no declaradas, es probable que la decisión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de postergar el tratamiento de estos casos responda a la necesidad de asegurar su autorización en el pleno de la Asamblea por al menos dos tercios de votos de los presentes. Dicha mayoría especial está en duda toda vez que las dirigencias de Comunidad Ciudadana y de Creemos condicionan sus votos. Habrá que ver cómo deciden en conciencia las y los asambleístas ante un hecho tan grave como las masacres.
Respecto a los juicios de responsabilidades contra Áñez, algunas voces, incluso del oficialismo, sostienen que este camino supone reconocer que hubo sucesión constitucional (como si el juicio contra el exdictador García Meza hubiese significado avalar su régimen de facto). Plantean por tanto la vía ordinaria, como ocurre ahora mismo con el caso Golpe. Pareciera más bien que la vía ordinaria es una suerte de “plan B” en caso de que no prospere el juicio de responsabilidades autorizado por la Asamblea.
Como sea, más allá de los intereses políticos en disputa, así como de las condiciones planteadas por las fuerzas opositoras para viabilizar un juicio de responsabilidades contra Áñez y los suyos, es indiscutible que en el caso de las masacres de Sacaba y Senkata debe primar la exigencia de justicia centrada en las víctimas (21 personas asesinadas, cientos de heridos). En ese horizonte, haría bien la comisión en considerar la temporalidad política que permita un gran acuerdo contra la impunidad.
