La Procuraduría General del Estado respondió a la solicitud de información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el estado de la expresidenta Jeanine Áñez, que está detenida desde marzo por el caso Golpe de Estado y que el 21 de agosto intentó quitarse la vida en la cárcel de Miraflores.
“Anoche hemos presentado a la Comisión un documento circunstanciado, entendemos completo, que da respuesta a la solicitud de información requerida y en las partes más importantes de las conclusiones podríamos indicar que como Estado hemos encontrado que no existen los elementos que fundarían una solicitud (como la) requerida (…) y hemos pedido que se declare inadmisible dicha medida”, dijo este viernes el procurador Wilfredo Chávez.
Áñez y su hija Carolina Ribera, a través de sus abogados, solicitaron a la CIDH la otorgación de medidas cautelares de protección. Luis Guillén, uno de los abogados de la exmandataria, explicó el 26 de agosto que se acudió a esa instancia internacional “debido a las amenazas, hostigamientos y agresiones” en contra de la vida e integridad personal de la exautoridad “y ante la falta de un acceso a un tratamiento médico adecuado” para restablecer su estado de salud.
El 31 de agosto, la CIDH envió una nota al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, solicitando información sobre Áñez y también sobre su hija, para lo cual dio un plazo de siete días.
Y nosotros “hemos despachado el informe anoche dentro del plazo previsto por la CIDH, no hemos pedido mayor plazo adicional, está bastante clara la información a objeto de cerrar cualquier especulación. Esperamos como Estado que sea desestimada esa medida requerida”, insistió Chávez.
El Gobierno espera que el pedido de las solicitantes no obtenga resultado favorable porque considera que no existe “ninguna de las causales” como para que se otorgue una medida cautelar.
Pues, en el caso de Áñez, según el funcionario, su proceso se adecúa a los estándares internacionales de medidas jurisdiccionales y también una junta médica realizada el 7 de septiembre, con la participación del médico de confianza de la reclusa, da cuenta que “no se encuentra en el estado que se alega en la solicitud de medida cautelar”.
“Con relación a la otra solicitante, (es decir) la hija, no se ha instalado proceso judicial que sepamos (…) y no existe un grado de persecución y menos convergen los requisitos que (se necesitan para obtener una medida cautelar)”, apuntó.
