A casi un año del inicio de la presidencia de Arce, las percepciones de los ciudadanos sobre su gestión son mayormente positivas, pero sin entusiasmos desbordantes. Su legitimidad electoral no parece erosionada pese a la crispación política. Pero tampoco está logrando trascender más allá de sus fronteras partidarias. El saldo para las oposiciones es decepcionante, prácticamente son los mismos de siempre. Lo nuevo es la consolidación de un sentimiento de indiferencia frente a todos estos actores políticos.
Un par de encuestas, con metodologías robustas, revelan algunos rasgos de los sentimientos de las y los bolivianos frente al desempeño del presidente Luis Arce a pocos meses que se cumpla su primer año de mandato. Grosso modo, las opiniones positivas sobre el personaje y su desempeño se sitúan entre el 40-45% a nivel nacional, considerando áreas urbanas y rurales, los rechazos y opiniones negativas alrededor del 35% y la indiferencia en torno al 25%.
El balance no es malo, no tanto por su nivel de aprobación, que no supera el promedio de apoyos (alrededor del 50%) que Evo Morales logró mantener casi durante todo su mandato, salvo en los “accidentes” temporales provocados por el “gasolinazo”, el conflicto del TIPNIS y algunos de los coletazos de la querella reeleccionista, sino porque es superior a las desaprobaciones. Hoy, el apoyo al oficialismo sigue siendo mayoritario entre la población, ratificando la legitimidad electoral que le otorgó su 55% de octubre pasado.
Ahora bien, la cosa tampoco está para que los azules lancen cohetes de alegría, básicamente ese espaldarazo se concentra entre sus electores más leales: en los ciudadanos con mayores necesidades, de los barrios populares y periurbanos y los que habitan las localidades intermedias, pequeñas y rurales desperdigadas en el territorio nacional. Lugares en los que ya eran hegemónicos desde hace mucho.
Esa fortaleza, sin embargo, contrasta con la existencia de opiniones muy negativas del gobierno de Luis Arce en las grandes urbes y entre las clases medias. Hay un 35% de ciudadanos que no solo votan contra el MAS, sino que sistemáticamente piensan que todo lo que haga ese partido está mal. Sentimiento que viene de lejos pero que parece haberse intensificado. En resumen, es un segmento bastante estable en número, pero más enojado.
En pocas palabras, las fronteras electorales, que delimitan a los más decididos y politizados, han variado poco en los 10 meses de retorno del masismo al poder. La crispación y el debate histérico que alientan algunos medios han logrado ratificar las polarizaciones básicas, pero no parecen haber fracturado los bloques políticos ya establecidos en estos más de dos años de confrontación. Mucho ruido y pocas nueces, la verdad, en términos de cambios en las percepciones globales sobre el desempeño del Gobierno y al aprecio por el MAS.
Lo más interesante para mí es la persistencia de casi un cuarto de ciudadanos que no se pronuncian a favor o en contra del oficialismo, pero no únicamente en esa cuestión, sino también en otras muy presentes en el debate político, por ejemplo, con relación a la cuestión de fraude-golpe. Son indiferentes casi perfectos, ni siquiera neutrales o indecisos, más bien despolitizados, ocupados de sus cosas. Estos personajes aparecen en todas las clases sociales, localidades y regiones, aunque son algo más numerosos entre los segmentos medios emergentes urbanos y en los que viven en la gran conurbación cruceña.
A ratos, parecería que el oficialismo y la oposición han renunciado a ir más allá de sus espacios de comodidad, no quieren seducir, les cuesta entender a lo que es diferente a las ideas que se hacen sobre la sociedad que los rodea, parecen no pretender siquiera construir un atisbo de hegemonía, como lo supo hacer el masismo entre 2009 y 2015. Obviamente, se puede gobernar con una mayoría relativa y un montón de indiferentes que no le tiran pelota a nadie en el corto plazo, pero sospecho que es insuficiente para sostener un proyecto político y de desarrollo más ambicioso, y que no está exento de riesgos si se desata una crisis imprevista. Al tiempo, veremos.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
