El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, durante una audiencia virtual, determinó este sábado la prisión preventiva de los tres militares bolivianos, detenidos en la madrugada del 8 de septiembre por carabineros chilenos en la comuna de Colchane, acusados de robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego.
En la audiencia, el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, solicitó al juzgado la detención preventiva de los elementos –identificados como el teniente Jaime Herbas, subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal– bajo el argumento de que son un “peligro para la seguridad”.
La jueza de garantía Daniela Gutiérrez, al concluir la audiencia, decidió rechazar todas “las peticiones de la defensa” de los imputados, que querían defenderse bajo detención domiciliaria, porque, según dijo, “se estima que su libertad efectivamente constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Por tanto, “en razón de aquello se (da) lugar a lo pedido por la Fiscalía en todas sus partes y se rechaza las peticiones de la defensa”, remarcó Gutiérrez.
Minutos después, la Fiscalía de Tarapacá, mediante su cuenta en Twitter, confirmó que el Juzgado “acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva de los tres militares bolivianos (…) formalizados por delitos de robo con intimidación y porte ilegal de arma de fuego y municiones”, además “se fijó un plazo de investigación de 90 días”.
De acuerdo a la versión de la Fiscalía de Chile, dada a conocer el mismo día del incidente del 8 de septiembre, los tres militares bolivianos fueron detenidos cuando personal de Carabineros, que se encontraba realizando patrullajes por la localidad de Pisiga Carpa, fue alertado por dos personas que denunciaron haber sido víctimas de un robo con intimidación de sus vehículos y que las personas que las intimidaron efectuaron disparos tipo fusil.
Es así que los carabineros se dirigieron a Pisiga Carpa en compañía de las supuestas víctimas y hallaron dos de las camionetas de los “afectados” –una de éstas con varios impactos balísticos en su carrocería– y también encontraron a otra “víctima”, quien señaló que militares bolivianos le dispararon y le sustrajeron su vehículo Toyota, yéndose del lugar hacia el salar de Coipasa.
Según la misma versión de la Fiscalía, luego, los carabineros avanzaron hacia el salar divisando tres vehículos, uno de los cuales, de iguales características al supuestamente sustraído a la “última víctima”.
Después se intentó fiscalizarlos, pero los militares comenzaron a huir disparándoles a los funcionarios chilenos, iniciándose así un intercambio de disparos, lográndose finalmente dar alcance solo al vehículo Toyota, en el que se encontraban los tres ahora detenidos con armas en su poder, logrando los otros dos automóviles huir hacia Bolivia.
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Sin embargo, el mismo día, el Ministerio de Defensa de Bolivia explicó, a través de un comunicado, que la Fuerza de Tarea Conjunta “Bravo” Huachacalla, en cumplimiento de su mandato legal de lucha contra el delito transnacional de contrabando, realizaba un operativo de comiso de vehículos que se internaban ilegalmente al territorio boliviano por la zona fronteriza Pisiga-Colchane.
“En esas circunstancias, la patrulla que realizaba el operativo fue interceptada por carabineros de Chile haciendo uso de la fuerza; producto de este incidente resultó herido un oficial boliviano que fue trasladado a la ciudad de Oruro-Bolivia para su atención médica y tres efectivos bolivianos fueron retenidos por carabineros. Al respecto, se activaron los canales diplomáticos para superar este lamentable impasse”, cita el documento.
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