No habrá posibilidad de reconciliación nacional si es que no hay reparación de daños de la última crisis política y social del país. El quiebre constitucional de 2019 y sus consecuencias políticas tuvo hechos graves que ameritan atención prioritaria: las masacres de Sacaba y Senkata.
No por eso los otros sucesos tengan que ser omitidos, pero esa veintena de fallecidos — con la agravante de ejecuciones extrajudiciales, como estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)— pesa a la hora de identificar responsables. Son resultado de hechos concretos, a diferencia de otras tesis que unos más que otros, ayudados por la hegemonía mediática, intentan posicionar.
No hay forma de evadir la responsabilidad sobre las masacres. El GIEI ha rebatido los relatos que se han construido con mucho entusiasmo y acompañamiento de la prensa “independiente” acerca de esos hechos, que en su momento justificaron la represión: no hubo enfrentamientos ni “fuego cruzado” en Sacaba y Senkata, hubo represión a bala; no eran terroristas los movilizados; no hubo intento de volar la planta de Senkata ni ésta estuvo en riesgo, ni el muro fue tumbado “a punta de dinamitazos”; las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana no solo usaron “armas no letales” (el GIEI los considera igual mortales), sino armas de guerra en las masacres, y el Decreto Supremo 4078, cuyo objetivo era “reafirmar y consolidar la unidad y la pacificación del país”, fue usado como un “instrumento con el que se pretendió dotar de cobertura legal a la represión del Estado tras su promulgación”, como dijo el secretario ejecutivo del GIEI, Jaime Vidal Melero.
¿Quiénes firmaron el decreto? Si se pretendía “pacificar” el país, ¿por qué hubo necesidad de un decreto? ¿Para qué eximir de responsabilidades penales a los militares y policías si se presumía que no iban a usar armas letales?
Hay responsables directos, y los estamos escuchando, desde aquel noviembre, decir que son inocentes, que los manifestantes se dispararon entre sí, que del Ejército no salió ni un solo cartucho, que los movilizados eran “terroristas” o que hay persecución política por el caso.
No hay forma de evadir los hechos, los vimos actuar y justificar las represiones que terminaron en masacres, cuyas víctimas ahora reclaman justicia. “Que las investigaciones sean iniciadas de oficio, y conducidas de manera oportuna y propositiva, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”, recomendó el GIEI.
Pero luego del informe, las fuerzas políticas se han enfrascado en una lucha intensa de posiciones: el oficialismo plantea la aprobación del juicio de responsabilidades contra la principal de las acusadas en el caso, la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, y la oposición condiciona el trámite con su propuesta de reforma judicial; en otras palabras, cambio de operadores de justicia. Es más, la oposición busca equiparar responsabilidades con la eventual inclusión del expresidente Evo Morales.
¿Le toca a Evo Morales la responsabilidad en las masacres de noviembre? En este caso hay proposición acusatoria en trámite en la Asamblea Legislativa, y Morales no está incluido ni por sospecha.
Pero el oficialismo necesita dos tercios de votos para aprobar un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez, y ahí se ha estancado; incluso se había planteado en apurar ese procedimiento, pero tuvo que suspenderlo sin explicación ni fecha.
Ante las evidencias encontradas por el GIEI no hay escapatoria en el caso; los responsables están identificados, aunque la Constitución y las leyes les garanticen la presunción de inocencia. Y Áñez es la principal presunta implicada en el caso.
¿Es posible librarla del caso? Solo políticamente, y actuar así tendrá graves consecuencias en la jurisprudencia.
Áñez firmó el decreto, con esta norma las fuerzas conjuntas causaron las masacres y hubo una veintena de fallecidos.
La oposición tiene razones por evitar un juicio de responsabilidades en su contra; muchos de sus miembros validaron su cuestionada sucesión. Y Carlos Mesa lo admitió: “¿Qué es lo que ese requerimiento pretende hacernos reconocer si aprobamos el juicio? Reconocer que somos cómplices e instigadores de un golpe de Estado”.
Áñez es un factor clave ahora. Su eventual juicio de responsabilidades puede desatar la vinculación de más personas no solo en los casos Sacaba y Senkata.
Rubén Atahuichi es periodista.
