Fidel siente que los indígenas mexicanos sufren hoy más que en la Colonia por la pobreza y los megaproyectos. Por eso, cuando el país festeja 200 años de Independencia, algunos de ellos aseguran que no hay «nada que celebrar».
El aniversario de la liberación de la corona española encuentra a los pueblos ancestrales inmersos en conflictos por la defensa del agua y sus territorios, que en ocasiones degeneran en amenazas contra sus líderes.
Para frenar lo que denuncian como una sobreexplotación en el estado de Puebla (centro), Fidel Flores y cientos de indígenas nahuas tomaron desde el 8 de agosto un pozo de agua que operaba la embotelladora Bonafont, propiedad de la francesa Danone.
Bonafont «se siente dueño» del agua por «concesiones que les permite el gobierno, pero (ese recurso) es un regalo divino», recrimina Flores, de 74 años.
A la entrada de las instalaciones, en la región de los majestuosos volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, los manifestantes colocaron llantas de autos.
«¡Quien pretenda lucrar con el agua recibirá el castigo de los pueblos!», advierte una pancarta.
Flores asegura que antes de la «toma pacífica», en el municipio Juan C. Bonilla, las comunidades denunciaron el caso ante autoridades porque otros pozos se estaban secando, pero fueron ignoradas.
«Estamos sufriendo más que en el tiempo de la Colonia», afirma, apuntando que entonces los nativos no tenían que pelear por la protección de los recursos naturales.
Bonafont dijo a la AFP que el pozo operaba «desconectado de las fuentes de agua en superficie utilizadas por la comunidad».
Pobreza crónica
El 69,5% de los indígenas mexicanos, unas 8,4 millones de personas, vive en la pobreza, frente a 39% (44 millones de personas) entre la población no indígena, según un estudio de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, estatal).
La diferencia es aún más marcada al analizar la pobreza extrema, que azota a 28% de indígenas (3,4 millones) y 5,3% de no indígenas (5,9 millones)
Las cifras podrían ser más dramáticas si se considera que el estatal Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) estima en 25 millones los miembros de estas comunidades, un quinto de la población mexicana.
El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien se posesionó en 2018 con una ceremonia indígena, reivindica continuamente a estos pueblos en sus discursos.
Les ha ofrecido disculpas por atropellos históricos y destaca que estados con amplia población indígena, como Oaxaca (suroeste), reciben más inversión social que muchos otros. Pero algunas comunidades denuncian que sus condiciones han empeorado por las megaobras de infraestructura que empuja el mandatario.
Tras el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, varias reformas permitieron la creación de gobiernos autónomos indígenas.
Sin embargo, en algunas regiones las administraciones siguen sin reconocer derechos como el acceso a educación en su lengua.
‘Simulación‘
Los cubículos de los burócratas ahora funcionan como dormitorios; en el estacionamiento fue construido un horno para tortillas e instalado un taller de artesanías.
Es el edificio del INPI en Ciudad de México, cuyos seis pisos mantienen ocupados unas 500 familias otomíes desde el 12 de octubre de 2020 en demanda de viviendas.
«El gobierno nunca nos ha querido escuchar, son años de espera, de tocarle sus puertas, de que simulan que nos escuchan», se queja en la sala de juntas Isabel Valencia, de 54 años, oriunda de Amealco (Querétaro, centro).
«Ellos nos obligan a llegar hasta acá», añade tras recorrer las oficinas de altos funcionarios del INPI donde, asegura, nunca fueron recibidos.
Ningún portavoz gubernamental respondió las solicitudes de entrevista de AFP para hablar sobre esta toma.
(22/09/2021)
