El gobierno de Venezuela y la oposición reanudan este viernes sus negociaciones en México, con tensiones por la inminente extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab -próximo al presidente socialista Nicolás Maduro- y el control de una petroquímica venezolana en Colombia.
Las conversaciones, con facilitación de Noruega, llegan a su tercera ronda, que se extenderá hasta el lunes, tras un nuevo golpe de efecto de los delegados de Maduro.
El martes de la semana pasada, el principal negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la inclusión en la delegación oficialista de Saab, empresario colombiano detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos por lavado de dinero de corrupción vinculada con un programa estatal de alimentos de Maduro. Le calificó como «miembro pleno» del grupo.
«Aún lo mantienen secuestrado en Cabo Verde de manera ilegítima, ilegal e inhumana», dijo el jueves Maduro.
«Habría que ver si Noruega lo va a permitir. Yo creo que son más que todo provocaciones», dijo a la AFP el consultor político Pablo Andrés Quintero sobre la incorporación del empresario.
«Lo que busca el gobierno con esto es elevar el costo para la oposición», explicó este profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
Dato
El doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB) Daniel Varnagy cree que la movida del chavismo intenta «usar a Noruega para ejercer presión» y bloquear la extradición de Saab.
La justicia de Cabo Verde desestimó el último recurso de la defensa para evitar el traslado a Estados Unidos de Saab, a quien el gobierno de Maduro le dio nacionalidad y el título de diplomático.
Tres días después del anuncio sobre Saab, el chavismo advirtió en un comunicado del posible «quiebre» de las negociaciones por Monómeros, petroquímica venezolana en Colombia cuyo control había sido entregado a Juan Guaidó, opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, aunque Maduro sigue firme en el poder.
Monómeros fue intervenida el 6 de septiembre por las autoridades de Colombia, lo que Maduro tildó de «robo».
La alianza que respalda a Guaidó agradeció la «protección de activos», pero el manejo de la compañía abre fracturas.
Ya hay diferencias entre Voluntad Popular, partido de Guaidó y su mentor, Leopoldo López, y otras organizaciones opositoras y el caso Monómeros puede «generar un quiebre más», dice Quintero. «¿Quién vigila?», añadió.
Justicia en agenda
Ambas partes iniciaron negociaciones en México a mediados de agosto y volvieron a reunirse a principios de mes.
La agenda en esta tercera ronda pondrá foco en la justicia, según Gerardo Blyde, vocero de la delegación opositora. Se busca, aseguró, avanzar hacia «un poder judicial independiente (…) que pueda decidir sin interferencia política».
Los encuentros anteriores cerraron con acuerdos en puntos sin mayor disenso: mecanismos para financiar vacunas contra el covid-19 y la ratificación de la «soberanía» de Venezuela sobre Guyana.
Dos exigencias centrales están sobre la mesa: el chavismo exige el levantamiento de las sanciones financieras contra Venezuela y el reconocimiento de Maduro, cuya reelección en 2018 es denunciada como un fraude por sus adversarios; la oposición pide un cronograma electoral que incluya nuevas presidenciales.
¿Fuerza?
El 21 de noviembre habrá comicios de gobernadores y alcaldes, en los que los principales partidos opositores romperán el boicot que encabezaron en las presidenciales de 2018 y las parlamentarias de 2020. Pero, debilitada, la oposición despierta dudas.
«Yo hablo de oposiciones, así, en plural. No hay fuerza para hacer ceder al gobierno», subraya Varnagy, que recordó fallidos procesos de negociación previos como el de Barbados, en 2019, y República Dominicana, un año antes.
«Las negociaciones anteriores buscaban un quiebre en el sistema y un cambio de sistema político. Ya quedó bastante claro que eso no va a ocurrir», consideró.
(24/09/2021)
