Cuando ingresaron al Palacio Quemado con una Biblia, los golpistas, en noviembre de 2019, se quedaron por un año de manera ilegítima e ilegal en el poder, se les abrió una oportunidad para gobernar y convertirse en una alternativa política, empero, hicieron un mal gobierno: masacres, persecución política y saqueo al erario nacional.
El golpe de Estado y las masacres son dos hechos políticos, pero, al mismo tiempo, son dos hechos jurídicos y moralmente muy graves para la democracia boliviana. O sea, no es difícil que, a nombre de la reconciliación y la pacificación se soslayen estos hechos y condenarlos a la impunidad. No obstante, los golpistas/masacradores asumen la tarea negacionista para salvarse de la responsabilidad política y penal sobre estos hechos ominosos.
En sus delirios de poder, los golpistas pensaban quedarse por un largo rato en el poder y, entonces, el golpe de Estado y luego las masacres fueron parte del engranaje represivo, pero, como ocurrió varias veces en la historia contemporánea, pensaron que no se iba a investigar y juzgar/sancionar. Sin embargo, la voluntad democrática del bloque nacional-popular revirtió, vía elecciones, aquel deseo golpista de la derecha.
Entonces, en la reconfiguración del campo político, poselecciones de noviembre/ 2020, supuso a los golpistas tejer una narrativa de la impunidad, para eso apelaron a una tramoya discursiva enfocada en la pacificación, el fin de la polarización, la reconciliación y la persecución política. En fin, todo ese artilugio discursivo tenía un propósito político y penal: congelar la investigación, el juzgamiento y la sentencia del golpe de Estado y las masacres.
Ellos urden un axioma equivocado: la pacificación del país pasa necesariamente por la impunidad. Obviamente, este discurso necesitaba que la derecha se tenía que arrimar al centro político/ideológico para que, a partir de este lugar, establecer los “pactos necesarios” para encaminarse a la reconciliación, pero haciéndose de la vista gorda a la ruptura constitucional y pisando la memoria de los muertos de las masacres. Aparentemente, esta jugada nos les está resultando.
Cuando vieron que su maniobra “centrista” se diluía, los golpistas vuelven a la estrategia de radicalizar ideológicamente el escenario político, o sea, intentar tensionar el país, además, como un mensaje de advertencia hacia el Gobierno. Para esta estrategia, los golpistas buscan nuevamente polarizar al país, o sea, asumen la posición de la extrema derecha. Ciertamente, eso aconteció en los últimos días.
Sectores radicalizados de la derecha empezaron, como si fuera un imán, forzar a este polo extremo a sectores del bloque opositor que osaron establecer cercanía con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y su gobierno. Eso sucedió cuando una diputada de Comunidad Ciudadana (CC) tendió puentes con el partido gobernante; en un cerrar de ojos, inclusive mediatizado por una sospecha de acoso político, le hicieron revertir su voluntad conciliatoria. Asimismo, una exautoridad del MAS, más allá de sus extravíos políticos/ideológicos, intentó resucitar al grupo violento y racista de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) para que reaparezca en el espectro público. Estas señales de la derecha son para intentar retornar a su “actitud transgresora y desinhibida, la que no quiere respetar la ley, la que no le da un sentido a las cosas, es un nuevo tipo de ultraderecha”, como diría el psicoanalista Jorge Alemán. Obviamente, la derecha boliviana con su actitud golpista y violenta dejó constancia que la democracia no es su horizonte político.
Yuri Tórrez es sociólogo.
