El juicio contra la consultora alemana TÜV SÜD, acusada de haber falsificado el certificado del dique minero de Brumadinho, en Brasil, que se derrumbó en 2019 causando 270 muertos, empezó este martes en Múnich, en el sur de Alemania.
En el pleito, de tipo administrativo, los abogados del municipio de Brumadinho (sureste de Brasil) y de 1.200 víctimas reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios a la empresa alemana.
Un acuerdo amistoso «no podrá alcanzarse», advirtió la jueza el martes, constató un periodista de la AFP sobre el terreno.
La consultora está acusada de haber falsificado documentos con el objetivo de certificar la seguridad del dique minero, situado cerca de la ciudad de Brumadinho (40.000 habitantes).
En enero de 2019, el derrumbe del muro mató a 270 personas, devastó la ciudad y liberó un torrente de lodo que se extendió por la región y provocó un importante desastre ecológico.
Sin embargo, TÜV SÜD rechazó este martes las acusaciones, afirmando que no es responsable de la muerte de las personas afectadas y alegando que la tragedia fue provocada por unas obras posteriores a la certificación.
«Quiero justicia. Cada uno debe asumir su responsabilidad», respondió durante el proceso Gustavo Barroso, hermano de una víctima de la catástrofe.
Datos
La investigación llevada a cabo en Brasil sacó a la luz que el certificado de seguridad, otorgado por la firma TÜV SÜD, contenía información falsa.
Según las autoridades, el dique no cumplía con las normas de seguridad internacionales. TÜV SÜD «debe asumir en Alemania lo que hicieron a miles de kilómetros», comentó en un comunicado Pedro Martins, abogado de PGMBM, que representa al municipio de Brumadinho.
Su despacho afirma que tiene «pruebas que demuestran que TÜV SÜD certificó que ese dique era seguro aunque no lo era».
«Es un hecho que sabían pero que ignoraron», añadió.
A principios de 2021, la empresa minera Vale, responsable del dique, aceptó pagar 7.000 millones de dólares (6.000 millones de euros) para remediar las consecuencias sociales y ecológicas de la ruptura del muro.
De esa suma, 1.700 millones de dólares (1.400 millones de euros) fueron destinados directamente a las personas afectadas.
Por otro lado, la justicia brasileña abrió un proceso penal contra varios empleados y responsables de TÜV SÜD y de Vale.
(28/09/2021)
