Los reguladores de Estados Unidos aprobaron una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, generando protestas de los sectores conservadores.
Grupos y personalidades antiaborto condenaron la medida regulatoria. La organización Students for Life Action la calificó como «una mancha en la presidencia de (Donald) Trump».
La farmacéutica Evita anunció en su sitio web que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó esta semana su versión genérica de mifepristona, utilizado para interrumpir embarazos hasta las 70 días de gestación.
Este medicamento se emplea en la mayoría de los abortos en Estados Unidos y también para el tratamiento de abortos espontáneos tempranos.
La FDA aprobó originalmente la mifepristona en 2000 y ya existe una versión genérica.
La aprobación de nuevas versiones genéricas es un procedimiento habitual.
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Píldora genérica
Sin embargo, Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America, calificó la aprobación de «irresponsable» e «inaceptable» en un comunicado difundido el jueves.
El senador republicano Josh Hawley declaró a su vez en X haber perdido la confianza en la dirección de la FDA, mientras que el expresidente Mike Pence afirmó que se trataba de «una traición total al movimiento pro-vida que eligió a Trump».
Pence también exigió la destitución de Robert F. Kennedy Jr., controvertido asesor de salud de Trump.
Este revuelo se produce semanas después de que Kennedy y el comisionado de la FDA, Marty Makary, supuestamente enviaran una carta a 22 fiscales generales republicanos informando que la FDA estaba realizando una nueva revisión de la seguridad de la mifepristona.
Las organizaciones pro-derecho al aborto lo consideraron un intento flagrante de obstaculizar el acceso a la atención médica, y una coalición de fiscales generales de más de una docena de estados gobernados por demócratas se comprometió a proteger la disponibilidad del medicamento.
La Asociación Médica Estadounidense calificó a este medicamento de «extremadamente seguro y eficaz» y sostuvo que restringir el acceso a la mifepristona «pondría en peligro la salud pública», una postura coincidente con la de muchas instituciones médicas de primer plano.
La mifepristona, que impide el desarrollo del embarazo, se usa generalmente en combinación con misoprostol, que provoca el vaciamiento del útero.
