El proceso de reestructuración de Boliviana de Aviación (BoA) significó el retiro de aproximadamente 150 empleados y la reducción de los salarios de todo su personal en 23%, informó este jueves Ronald Casso, gerente de la empresa estatal.
“Hemos entrado a un periodo de reestructuración de toda la empresa y esa reestructuración, que nos está llevando todavía y esperamos terminar en septiembre, ha involucrado el retiro de alrededor de 150 personas, jubilaciones, (el pago de) beneficios sociales y todo lo demás, y (además) hemos tenido que hacer una reducción, en promedio, del 23% de los salarios a todos”, dijo Casso en una entrevista con el programa “Piedra, Papel y Tinta” de La Razón.
Estas medidas, según el gerente, se asumieron porque la empresa “ha sido muy afectada” durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, primero, por algunas decisiones “perjudiciales”, y luego, principalmente, por la pandemia.
Entre esas decisiones estuvo, por ejemplo, “el quitar o ceder rutas (importantes) como el Salar de Uyuni, siendo Uyuni es la ruta que mejor tarifa tiene en Bolivia o tenía, porque ahora ya no se vuela a Uyuni; (y asimismo) se bajaron (los vuelos en rutas como) La Paz-Santa Cruz, que es la siguiente (o segunda) ruta con mayor cantidad de pasajeros en el país, (entonces ahí) se bajaron los vuelos y hasta se cambiaron los horarios, (lo cual) benefició claramente a la competencia”, lamentó.
Sobre estas decisiones contrarias a la empresa, según Casso, la Contraloría ya tomó cartas en el asunto y está haciendo un trabajo de investigación como corresponde y ahora se espera que pueda “delimitar quién tiene la responsabilidad”.
Ahora también “es verdad que la industria del turismo y particularmente las aerolíneas fueron los sectores más afectados por la pandemia porque esta industria es de altos costos fijos, es decir, costos que siguen corriendo aunque cuando uno deja de funcionar, (por ejemplo el alquiler de aviones o mantenimiento)”, admitió.
Entonces, eso ha generado una deuda “muy grande”. Es así que, durante “la primera semana de diciembre de 2020, cuando entramos a controlar (nuevamente) la empresa, teníamos 43 millones de dólares para pagar en ese momento, o sea de deuda inmediata, y eso es mucho para un tamaño de empresa como la nuestra”, subrayó.
Sin embargo, frente a esa crítica situación, según recordó el gerente, el presidente Luis Arce aprobó 5,5 millones de dólares de inyección económica de emergencia en diciembre de ese mismo año porque incluso se tenía que pagar “sueldos atrasados”.
La empresa en 2020 tenía 1.700 trabajadores y actualmente cuenta con 1.403 funcionarios.
