Una auditoría forense estableció un dalo económico de Bs 15.495.230 en la compra de los 170 respiradores españoles en el gobierno de Jeanine Áñez, además de una serie de limitaciones técnicas que impiden que sean utilizados en Unidades de Terapia Intensiva para personas con complicaciones de COVID-19.
El secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, informó de las conclusiones del trabajo pericial desarrollado en la compra y funcionalidad de los equipos “Respira Device” adquiridos en la primera ola de la pandemia en Bolivia.
La pericia técnica determinó que los equipos no cuentan con modos ventilatorios; no tienen ajuste o la opción trigger (sensibilidad de disparo), no tiene visualización de medición de FIO2 (porcentaje de medición de oxígeno), aspecto fundamental para pacientes críticos; y tampoco cuenta con Blender o mezclador de oxígeno/aire comprimido medicinal.
“En cuanto a los accesorios del equipo principal, la falta del sensor de FIO2 externo y del mezclador de oxígeno hace disfuncional a este ventilador pulmonar. Por ello, ante la inexistencia de estas características elementales, el Respirador “Respira Device” no puede ser utilizado técnicamente en Unidades de Cuidados Intensivos de servicio COVID-19 o no COVID”, aseguró Quispe.
Especialistas observaron que no eran adecuados para tratar pacientes graves, pero además se conoció que se pagó por cada uno $us 28.080 cuando costaba cerca de $us 8 mil. Se anticipó un pago de $us 2 millones de un total de $us 4 millones por la totalidad de los equipos, pero la compra se suspendió a la luz de las denuncias.
El exministro de Salud Marcelo Navajas es uno de los principales acusados, aunque negó cualquier responsabilidad.
También se investiga la denuncia de compra con sobreprecio de respiradores chinos.
