Después de haber declarado en la Fiscalía como testigo del caso Golpe de Estado, Óscar Ortiz, exsenador y exministro del gobierno de Jeanine Áñez, confirmó este jueves que participó de una de las reuniones extralegislativas en la crisis de 2019, pero aseguró que acudió a pedido de las entonces legisladoras oficialistas Adriana Salvatierra y Susana Rivero.
En la declaración ante el Ministerio Público “me han hecho muchas preguntas por las reuniones que se realizaron en la Universidad Católica Boliviana (UCB) y yo la reunión a la que asistí fue la (realizada el) día 12 de noviembre de 2019 (es decir dos días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia)”, señaló el exministro.
La exautoridad explicó que llegó a esa reunión cuando ya estaba comenzada, por lo tanto, no pudo responder en su interrogatorio por otros encuentros que también esos días se realizaron antes de que Áñez asuma la presidencia, precisamente, el mismo 12 de noviembre a través de un cuestionado proceso de transición.
Pero, “yo (a la reunión que asistí) fui básicamente convocado por la Conferencia Episcopal a mitad de la mañana de ese 12 de noviembre (…) por un pedido que habían realizado en ese momento la senadora Adriana Salvatierra y la diputada Susana Rivero”, remarcó.
Según Ortiz, ambas habían realizado ese pedido porque “querían tener una contraparte parlamentaria”.
“Entonces llegué a esa reunión, tuve una conversación con ellas, después informé con ellas de esa conversación a la mesa plenaria (que estaba instalada) y de ahí nos retiramos en lo que todos entendíamos que nos habíamos comprometido, (a) buscar que se pudiera viabilizar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus dos Cámaras en horas de la tarde (de ese mismo día)”, agregó.
Ortiz se presentó en la Fiscalía aproximadamente a las 09.00 y su declaración duró al menos dos horas.
El caso Golpe de Estado se investiga a denuncia de Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), para establecer las causas del derrocamiento de Morales.
El exmandatario renunció el 10 de noviembre de 2019 a la presidencia en medio de un ambiente de denuncias de fraude electoral, un motín policial y una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, Áñez se proclamó primero presidenta del Senado y luego, presidenta del Estado, sin el quórum legislativo respectivo y sin presencia de los asambleístas del MAS. En las reuniones de la UCB, entre el 10 y el 12 de noviembre de ese año, se allanó el camino para que tome el poder.
