El gabinete ministerial de la presidenta transitoria Jeanine Áñez aprobó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto 4078, que protegió la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en las protestas en Senkata y Sacaba, además de otras.
Sobre ambos hechos luctuosos, que se saldaron con al menos una veintena de personas fallecidas y decenas de heridos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron “masacres”, tras compilar testimonios de familiares de los muertos, heridos y apresados.
La primera acción ocurrió el 15 de noviembre, cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado meses después, a causa de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otro grupo de manifestantes fue reprimido en Senkata, El Alto, donde otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. En el lugar se registró otra decena de decesos.
Ambas represiones fueron autorizadas por el gobierno de Áñez, quien llegó al poder en una cuestionada sucesión, el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales, asfixiado por denuncias de fraude en las elecciones de octubre de ese año, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de dimisión.
El decreto establece en su artículo 3 que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de bala. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí. “Muestran una parte donde dicen ‘hagámonos daño’. En qué cabeza macabra puede entrar ‘hagámonos daño para echarles la culpa a ellos’ (…) Muchos de los dos o tres (…) que tenemos confirmados tienen tiro en la nuca (…) ¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca?, o sea ¿el compañero de atrás les está disparando?”, dijo Murillo.
Mientras que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que en el caso de Senkata el Ejército no disparó ni un proyectil. “Del Ejército no salió ni un solo proyectil (…) Las Fuerzas Armadas tienen como primer deber hoy por hoy entablar el diálogo con aquellos compatriotas y hermanos bolivianos que, en estos momentos, repito, están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico (…) hoy aquellos actores que están ligados a la violencia ya tienen un carácter de terrorismo”, señaló.
Entre tanto, el entonces representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, confirmaba la muerte de ciudadanos por heridas de bala y demandó a las autoridades judiciales realizar una investigación.
“Son nueve muertos que han sido víctimas de heridas letales, todos han sido víctimas con heridas en la cabeza y en el tórax. Demandamos, como Defensoría del Pueblo, el pronto esclarecimiento de esta situación absolutamente irregular, deplorable (…) no existe pretexto para poder generar disparos (…) no puede llamarse enfrentamiento cuando ha existido total acto lesivo contra la vida de solamente población civil que estaba movilizándose”, reclamó.
La Justicia boliviana abrió procesos penales para indagar las muertes y vulneraciones de derechos humanos en ambas intervenciones y aunque aún no se ha identificado a los responsables, fueron detenidos seis exjefes militares, el excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita y el excomandante de la guarnición militar departamental Alfredo Cuéllar, en el caso Sacaba.
En el caso Senkata, están detenidos el excomandante del Ejército Iván Inchauste, el excomandante de la División Mecanizada Franco Suárez, el exdirector de la ANH Fernando Valverde y el exjefe de Estado Mayor Pablo Guerra.
